El conflicto policial tiene ingredientes reivindicativos legítimos y también harina de otro costal. Podemos distinguir una cosa de la otra, y en esa distinción favorecer una solución estructural a futuro.
La pauperización de la policía bonaerense viene de lejos. El problema no es sólo el monto de los salarios, es además la composición salarial con un básico irrisorio y un sinfín de ítems discrecionales. El problema está en el sistema laboral. No son las condiciones de trabajo sino la organización del trabajo: la arbitrariedad de las jerarquías policiales es la regla de funcionamiento interno. Las horas cores por ejemplo (Compensación de Recargo de Servicio) no son voluntarias, su monto irrisorio ($40) las transforma en “horas castigo” y en jornadas muy prolongadas, extenuantes. ¿Qué castiga un comisario? A esta altura resulta innecesario apelar a la imaginación. Tenemos que recortar una cuestión: la indefensión de la policía callejera, de la policía rasa. Y esa indefensión está correlacionada con la violencia policial. Una de las formas que adopta la indefensión armada.
La pandemia afectó los ingresos de la policía porque, por ejemplo, limitó los llamados adicionales, las horas POLAD, que dependen de los partidos de fútbol, recitales y también de la custodia de comercios, bancos, supermercados. La ganancia está en los eventos masivos donde se puede cobrar mucho adicional sin posibilidad real de verificar si se prestan o no los servicios. Entonces la sequía es muy significativa en las “cajas aceptadas”, también en las grises y en las clandestinas; que son las que componen tradicionalmente el enriquecimiento de las cúpulas. Aquello que no conforma una “cadena de la felicidad” hacia abajo (los agentes no reciben “partes”). De modo que estamos ante el esqueleto de la estructura de ingresos de los hombres y mujeres de la fuerza: su básico y las magras horas extras.
El crecimiento indiscriminado de la bonaerense (y de todas las otras policías), que hoy se acerca a los 100.000 efectivos, es el modo inercial de respuesta política a la inseguridad: más policías, más patrulleros, más cámaras. Lo que se acrecienta, como decían Marcelo Saín y Nicolás Rodríguez Games hace poco, es la inseguridad laboral armada. Quizás el caldo de cultivo para la traición democrática. Una pregunta que hace sombra a la democracia: ¿qué pasa si se rompe la cadena de mando de esa fuerza?
La comparación con las condiciones de trabajo de otras fuerzas, como la policía de la Ciudad de Buenos Aires, grafica la desigualdad flagrante al interior del mundo policial. Y eso tiene nombre en la boca de la protesta: reniegan de la obligatoriedad de IOMA y piden OSDE. Alberto Fernández construye recién el cuadro de la desigualdad creando una escena institucional contundente: intendentes de todas las pertenencias políticas lo acompañaron. Incluido Jorge Macri, el intendente de Vicente López. De los datos brindados retengamos al menos estos dos: el gasto per cápita en seguridad en CABA es de $16.901 y en PBA es casi un tercio: $6702. El promedio salarial de la policía porteña: $49.204, en PBA $37.572.
¿Quiénes son los representantes de los policías sublevados? No tienen representantes porque en Argentina la agremiación está prohibida. ¿Cómo se encauza un conflicto sin representantes sindicales? Conflicto sin canal de negociación. Están los que dicen que en una organización vertical que porta las armas del estado no hay derechos colectivos. Sólo subordinación, el más estricto respeto a las jerarquías policiales. Así, en la escasez de recursos gremiales, se produce esta tormenta perfecta: un espíritu de rebeldía atomizado. Las redes sociales, el nuevo sindicato.
Sin embargo hay tres sindicatos de hecho, no de derecho. Tienen en común la falta de representatividad. Los sindicatos son: SIPOBA, su líder es Nicolás Masi (activo en el conflicto actual) quien apeló infructuosamente hasta la Corte para “legalizar” el sindicato. SINPOPE es el sindicato que nuclea a policías pero también a penitenciarios. Finalmente esta APROPOL, un sindicato que agrupa viejos comisarios retirados con presencia en Mar del Plata y vinculación con Miguel Etchecolatz. En este conflicto hemos visto también a Luis Tonil, representante de una asociación civil denominada Defensoría del Policía, una organización privada sin fines de lucro. En Brasil, donde la agremiación también está prohibida, han crecido estas asociaciones, algunas acumulando poder de hecho y tensionando la malla democrática.
Si la legalización de un sindicato tiene que ser de una vez abordada, el derecho de huelga en cambio está objetado de manera unánime, teniendo en cuenta los posicionamientos más significativos en la materia. Lo que no anula un debate sobre qué otras formas de autotutela pueden ser declaradas lícitas para las fuerzas policiales.
El derecho a huelga legaliza un poder de daño sólo si se origina en una acción de abstención. La abstención de la labor de seguridad crea un daño ilimitado: pone en riesgo la vida. Por este motivo resulta tan compleja la huelga policial, no hay valor más fundamental para proteger que el de la vida.
Policías en huelga, policías manifestándose con las armas puestas, con uniformes y patrulleros reunidos frente a la casa de gobierno de la provincia o la residencia presidencial quiebran hasta la más laxa definición de regla democrática. Mucho de esto se observa y se constata en estas movilizaciones. El fracaso de la fórmula Berni es palpable: un aliento eufórico televisado al espíritu de la tropa que desconoció en sus mil muecas su realidad efectiva. ¿Cómo trabajan, cuánto cobran, quiénes son, qué necesitan? Ese conocimiento es parte del salto necesario: una reforma radical que quiebre la tradición oscura de esa fuerza. Trazar esta línea divisoria entre las reivindicaciones gremiales legítimas y las formas incompatibles con la democracia, resulta indispensable.
