“Quedate en casa”; “Cuidándote vos, nos cuidas a todxs”; “nadie se salva solo”, “vos que podés, quedate en casa”; “Cuidarse, no es yutearse”. Cartelitos y hashtags proliferaron, por las redes sociales, como incitaciones al cuidado, denotando que no existe una sola forma de hacerlo, sino una heterogeneidad de sentidos que circulan y se resignifican día a día acerca de una práctica que se resiste muchas veces a ser encasillada. La apelación moral al cuidado como acto de solidaridad inter e intra generacional, sobre todo en las primeras semanas del “aislamiento social preventivo y obligatorio”, movilizaba nuestro sentido de “comunidad imaginada” frente al “enemigo invisible”. Pronto estos sentidos, que a pesar de su diversidad parecían aunarse, se repolitizaron, pero la centralidad del cuidado no perdió relevancia.
Desde hace tiempo, los movimientos sociales de la economía popular y feministas venían insistiendo y persistiendo en las calles y en las instituciones sobre la centralidad del cuidado para el sostenimiento de la vida y de la reproducción social.
Esta politización del cuidado conoció una vitalidad inusitada en el último año que nos ha exigido una reflexión pública sobre el valor de una actividad feminizada, históricamente invisibilizada y mal remunerada o directamente sin remuneración. El conflicto en torno a los procesos de valorización del cuidado es otro revelador de nuestras jerarquías sociales y morales.
Desde hace tiempo, los movimientos sociales de la economía popular y feministas venían insistiendo y persistiendo en las calles y en las instituciones sobre la centralidad del cuidado para el sostenimiento de la vida y de la reproducción social.
El gobierno nacional que asumió en diciembre de 2019 se distingue por haber tomado cartas en el asunto: la creación de diversas áreas abocadas a la elaboración de políticas públicas orientadas a problemáticas sociales leídas con perspectiva de género es notable. Su manifestación espectacular fue la creación de una Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado orientada a diseñar un sistema integral, ahora sujetada a la cuarentena.
La crisis global y generalizada que atravesamos actualmente, cuyos atributos parecen desbordar constantemente los conceptos, interrumpe a la vez que redirecciona este horizonte del derecho a ser cuidado y de cuidar en condiciones dignas.
Entre el desconcierto y la desorientación que puede generar la cuarentena, se sucedieron una serie de interpelaciones en los medios de comunicación acerca de los modos socialmente diferenciales de atravesar el aislamiento.
El barrio como territorio de cuidados colectivamente organizado
El slogan “quedate en casa” se erigió como modalidad de cuidado colectivo y prevención frente a la transmisión del coronavirus, así como la anticipación a la posibilidad de saturación del sistema sanitario agravada por años de desinversión en salud pública.
La consigna rápidamente se problematizó como un privilegio reservado a quienes habitan espacios cómodos, dotados de todos los servicios e infraestructuras necesarias para garantizar condiciones de convivencia salubres.
A las condiciones habitacionales se suma la imposibilidad de generar ingresos cotidianos para una gran parte de nuestra sociedad que vive y trabaja por fuera de las relaciones laborales asalariadas. “Parar la olla” significó hace muchos años “inventarse el trabajo” para generar ingresos. Lxs actores de la economía popular representadxs, para muchxs, por la UTEP (Unión de Trabajadore-as de la Economía Popular) reivindican el reconocimiento y la valorización de la utilidad social de los trabajos que realizan. Frente a la imposibilidad de generar ingresos directos, el gobierno nacional impulsó una medida de emergencia para los sectores más postergados de la economía. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es bien recibido y considerado como una medida necesaria para los sectores populares, pero solo resuelve provisoriamente la falta de generación de ingresos, según los dichos de dirigentes sociales. El secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro marcó que la implementación de este bono extraordinario evidencia la falta de cuantificación e identificación del alcance de la economía popular. El Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP) previsto en la Ley de Emergencia Social, pero nunca efectivizado, hubiese sido una herramienta para poder adaptar la política pública a cada sector de actividad que integra esta economía. Por otra parte, el diferencial entre las demandas de acceso al IFE y las estimaciones previas fue abismal ascendiendo a más de 5.400.000, el número de personas que cobrarán el bono por fuera de quienes reciben complementos a los ingresos generados por su actividad laboral (AUH-AUE, Salario Social Complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Argentina). Número indicativo de la gran proporción de argentinos y argentinas que están por fuera de institucionalidades populares y estatales.
Frente a las particularidades de este sector, al menos en el área metropolitana, la economía popular organizada fue protagonista decisiva en la torsión de un concepto de cuarentena del “quedarse en la casa” hacia el “quedarse en el barrio”.
Si bien la “casa” no es el territorio exclusivo del “cuidado”, los límites de lo doméstico fueron históricamente construidos mediante una operación de naturalización del cuidado como responsabilidad exclusiva de las mujeres. La situación actual de confinamiento obligatorio pone el foco sobre la difuminación de las fronteras de lo doméstico para alcanzar el barrio como territorio de cuidado. En ese entramado, las mujeres siguen teniendo un rol preponderante de organización y producción de valores políticos, económicos y comunitarios. El alcance y la relevancia territorial que tiene el tejido socio comunitario sostenido por la miríada de unidades productivas cuyo componente “cuidado” es particularmente significativo (merenderos, comedores, cooperativa de cuidado a personas mayores, centros de atención a las infancias), adquiere particular visibilidad en tiempos de crisis.
La situación actual de confinamiento obligatorio pone el foco sobre la difuminación de las fronteras de lo doméstico para alcanzar el barrio como territorio de cuidado.
¿Hacer lo público?
El reconocimiento de ese desarrollo comunitario y de una capacidad resolutiva instalada puede verse en la articulación estrecha con algunas áreas del Estado que se encuentran integradas por actores emergentes de la militancia popular. El campo de la estatalidad deja ver una complejidad interna. Su porosidad parece desbaratar la metáfora radial de un poder centralizado que se despliega capilarmente hacia los rincones de su territorio, a la vez que coexiste con su imagen contraria: la afirmación vertical de una restricción obligatoria de circulación y de pautas acerca de cómo rutinizar nuestras “nuevas” vidas puertas adentro.
Nos encontramos frente a un desafío comprensivo que interroga los contornos de lo público en un tiempo en que se anuncia el “retorno del Estado”. La tenacidad del feminismo para hacer estallar los confinamientos despolitizantes, privados y privativos de lo doméstico, encuentra eco, por ejemplo, en las propuestas de comprender la noción de lo público como cuidado común. Un esbozo de esta línea interpretativa, asoma en la construcción de valor público asignado al tejido socio-comunitario organizado por los movimientos de trabajadores de la economía popular que, codo a codo con la Dirección de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS) diseñaron un programa de promotorxs comunitarixs: “El barrio cuida al barrio”.
La acción pública integra y articula estas organizaciones, en tanto actor clave productor de un cuidado comunitario. Enlace que puede leerse como un reconocimiento instituyente de un saber y de una experiencia, y como redistribución a través de una remuneración del trabajo de lxs promotorxs. Tomando en cuenta las dificultades para el aislamiento social en los barrios populares, el programa busca garantizar el abastecimiento de elementos de higiene, comunicar medidas dispuestas, canalizar información y vincular actores locales intervinientes en las problemáticas sociales, medicales y sanitarias específicas a esos barrios.
El Ministerio instala postas sanitarias, pero la elección estratégica de sus emplazamientos son discutidos en conjunto con las organizaciones barriales para poder garantizar una mejor llegada. En Constitución, justo debajo de la autopista de Entre Ríos y San Juan, se encuentra el comedor Hilda Guerrero, allí también se instaló la posta sanitaria del programa.
El Ministerio de Desarrollo Social instala postas sanitarias, pero la elección estratégica de sus emplazamientos son discutidos en conjunto con las organizaciones barriales para poder garantizar una mejor llegada.
En homenaje a una militante tucumana del sindicato de trabajadorxs del azúcar, asesinada en una represión policial durante la dictadura militar de Onganía, el comedor de Constitución hereda “un pesar importante. Era una mujer luchadora y llevaba adelante lo que mayormente las mujeres nos convocamos cuando hay crisis, cuando pasan las cosas [que] es llevar una olla popular lo primero, para poder alimentar a nuestra gente”, cuenta Amanda Ruiz Diaz, o Mandy, referente de este espacio perteneciente a la UTEP-Movimiento Evita. Después de ocho años en el barrio, llevan un seguimiento pormenorizado de los vecinos de la zona. “El barrio siempre estuvo con nosotros, adentro de nuestro local. Y nosotros con ellos afuera. Pero desde siempre, venimos cuidando nuestro barrio y llevando adelante cualquier problemática de lo que fuese.”
El trabajo en el comedor es de tiempo completo, y no precisamente de las 8 horas reglamentarias de un trabajo salarial convencionado. A partir de las 6 de la mañana arranca la preparación de las comidas y de “los primeros cuidados a la gente” que serán entregadas en distintos momentos del día en la puerta del local y en el domicilio de las personas mayores y de “riesgo” que lo necesiten. A raíz de la implementación del programa “El barrio cuida al barrio”, una parte de lxs trabajadores del “Hilda Guerrero” se desempeña como promotores comunitarixs: acompañan personas mayores a vacunarse, hacen recorridos relevando e informando sobre las medidas sanitarias a tomar en tiempos de pandemia y medidas relativas a la prevención y acompañamiento de casos de violencia de género, relevan síntomas de los vecinos, entregan barbijos, jabón y lavandina, en un barrio, donde la población en situación de calle y la problemática habitacional sobresale.
“Hacer magia” con los insumos alimenticios que llegan para 100 personas, pero deben alcanzar para darle de comer a 360; “ponerle magia” a la merienda de lxs pibxs, para que comer no sea solo alimentarse; hacer redes locales con donaciones y apoyo de comercios de proximidad, son algunas de las competencias de la organización que desbordan este periodo de cuarentena y que aún carecen de valorización social y de una justa remuneración. Excepcionalidad de la cuarentena que aparece como agudización de situaciones sociales dramáticamente desiguales de repartición de la riqueza, de acceso a la vivienda digna, a la salud pública y a la comida, en la ciudad más rica del país.
“Hacer magia” con los insumos alimenticios que llegan para 100 personas, pero deben alcanzar para darle de comer a 360; hacer redes locales con donaciones y apoyo de comercios de proximidad, son algunas de las competencias de la organización que aún carecen de valorización social y de una justa remuneración.
Frente a la señalada ausencia del gobierno de la Ciudad para asistir a las personas en situación de calle, otra tarea asumida por estxs trabajadorxs comunitarixs es la de censar las personas que viven hacinadas en los hoteles de la zona, buscar refugios para aquellas que no tienen techo y tratar de allanar los interminables trámites burocráticos para obtener el subsidio habitacional. El relevamiento es una herramienta propia, me aclarará Mandy, pero también es un mecanismo de identificación y visibilización de la situación del barrio hacia las dependencias estatales. “Nosotros parecemos Anses […] yo siempre les digo somos médicos cirujanos, obstetras tenemos todas las profesiones, nos falta el diploma y ya está. Pero ese es la escuela más grande, la universidad es la que está en el barrio.”
Reconocer y valorizar desde el Estado los saberes y competencias de las organizaciones populares, puede ser un camino hacia hacer de lo público, una posibilidad instituyente de lo común territorializado. En esta senda, y tal como lo formula la UTEP, habrá de desarrollarse un marco regulatorio que otorgue derechos laborales y protecciones asociadas, así como vías de profesionalización y certificación que igualen en el desempeño práctico de lo comunitario.
