El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue porfiado en convertirse en abanderado de la educación. No importa que las fotos que dan testimonio de ese compromiso pedagógico se hayan conseguido convocando a las familias sin computadoras para entregarles dispositivos a cambio de la imagen buscada. Es poco relevante que se defina la modalidad de las clases de febrero del año que viene sin conocer la coyuntura sanitaria, la disponibilidad de vacunas ni la infraestructura edilicia. Tampoco interesa que los encuentros en las plazas o los patios no contribuyan a garantizar las trayectorias educativas de los estudiantes. En la época del año en que los docentes y equipos directivos están intentando cerrar evaluaciones y acreditaciones de un año complejo para el aprendizaje, la Ministra Soledad Acuña convoca a niños, niñas y adolescentes a mirarse un rato los barbijos “aunque sea una vez antes de fin de año”. Difícilmente se encuentren con sus docentes que seguirán dando clase a distancia. Para defender esta bandera, los funcionarios porteños hablan de la importancia de lo presencial en términos recreativos, afectivos, sociales. Abandonan un eslogan caro al sentido común conservador: “a la escuela se va a estudiar”. Ahora se va a hacer lo que fuere, menos estudiar.
El interés por la educación de las fuerzas de derecha no es nuevo. Desde hace dos décadas se produjo un giro en las preocupaciones de los divulgadores mediáticos del liberalismo desde lo económico hacia lo educativo. Estos expertos en pedagogía aflojaron el énfasis en el déficit fiscal y lo trasladaron a la formación de recursos humanos. No es que a sus antepasados no les importara la educación; desde los orígenes del sistema educativo moderno los liberales y conservadores discutieron y definieron el rol de los “aparatos ideológicos” del Estado. Pero, podríamos decir, para ejemplificar con el caso argentino, que desde la Reforma del ’18 hasta la Carpa Blanca, pasando por la Noche de los Bastones Largos, la agenda educativa se hallaba en una zona de confort más propia del progresismo.
Fue recién en las primeras décadas del milenio que el neoliberalismo latinoamericano, ante el florecimiento de gobiernos populistas en los países del sur, forjó, con las pruebas Pisa en una mano y el aumento del “gasto educativo” en la otra, el diagnóstico genérico, impreciso y convincente de la “crisis educativa”.
La obsesión por la educación de los comunicadores neoliberales operó un corrimiento discursivo de economistas y divulgadores mediáticos que tuvo un hito cuando el candidato a presidente de Cambiemos en 2015, Mauricio Macri llegó al canal de televisión que realizaba la entrevista más buscada de la campaña acompañado exclusivamente por su futuro ministro de educación, el hoy senador Esteban José Bullrich. “Todos los problemas son problemas de educación, decía Sarmiento y a mí me gustaría ser una gota de sudor de Sarmiento”, se comparó, modesto, Bullrich esa noche. Marcaba la diferencia de su candidatura respecto de los otros dos principales contendientes electorales que llegaron a la misma interviú acompañados de sus gabinetes económicos. “La educación: causa y solución de todos los males de la sociedad”; “la pobreza y la inseguridad se resuelven con educación”, decían en un ensayado canon de voces Mauricio y Esteban. De alguna manera, los intelectuales orgánicos de la educación neoliberal, desde Andrés Oppenheimer hasta Gustavo Iaies, pasando por Juan José Llach y Alieto Guadagni (dos casos típicos de economistas devenidos pedagogos), construyeron el gran problema de la crisis educativa para que viniera Bullrich a ofrecerse como el general de ese ejército de ideas que llevaría adelante una nueva campaña en un nuevo desierto.
El discurso sobre la educación no sirve para gobernar, pero suma para apuntalar imagen. Horacio Rodríguez Larreta lo sabe. Después de haber perdido en 2019 una batalla (¿de ideas?) cuando la comunidad educativa rechazó el cierre de las escuelas secundarias nocturnas, pudo aprovechar la pandemia para mostrar su preocupación educativa cada vez que se encendía una cámara. “A todos nos importa la educación”. Los principales noticieros señalaron con dramatismo y música de fondo la falta de clases presenciales. Leyeron compungidos la carta en que la madre de un estudiante secundario de Pilar lloraba porque no sabía cómo sacar al adolescente del sillón del living.
Larreta comenzó a plantear el regreso a clases al mismo tiempo que la ciudad llegaba a los picos de contagios, que a su vez coincidieron exactamente con los picos de hartazgo de sus votantes respecto de la cuarentena. Importaba poco cuán pronto iba a conseguir la foto, el anuncio, el triunfo. En la disputa simbólica mataba dos pájaros de un tiro: asumía la voz de los anticuarentena y se adueñaba de la defensa de la educación. Sin mediar la pandemia, hubiera sido impensable que los promotores de empresas dedicadas a virtualizar la educación, los vendedores de plataformas de formación a distancia, los impulsores del borramiento de la figura del docente, se convirtieran en defensores a ultranza de la presencialidad. El creciente interés de los neoliberales por la educación no sólo obedece a la necesidad de disputar el sentido. Esa batalla es central y cada vez que pueden se autocritican por regalarle al populismo, al peronismo o a la izquierda el terreno de la cultura, de las ideas, del relato. Sí, en cierto punto todas las trincheras prefieren achacar sus derrotas a la tara comunicacional. Pero además de esto, que efectivamente existe, el neoliberalismo concibe a la educación como un ámbito propicio para hacer negocios. La gestión de Cambiemos en materia educativa consistió precisamente en tercerizar gran parte de las acciones del ministerio hacia empresas privadas. Muchas de esas empresas se dedican a la educación a distancia.
La necesidad de conectividad y el desarrollo de plataformas educativas digitales se pueden entender como derechos concurrentes a garantizar el acceso a la educación o como un negocio que al mismo tiempo mercantiliza el conocimiento y precariza a sus trabajadores y trabajadoras. Hoy garpa más hablar de vínculo presencial. Es una inversión a futuro.
La “nueva normalidad” educativa que tendríamos que transitar a partir del año 2021 requerirá, a contramano de las habituales políticas neoliberales, mucha mayor inversión estatal para que las escuelas sean seguras, los estudiantes no estén hacinados, los docentes no sufran una sobrecarga laboral mayor de la que tienen y se combinen aspectos de virtualidad y de presencialidad, en un marco donde la conectividad y los dispositivos sean un derecho garantizado por el Estado. En vez de abordar estos debates preferimos comprar sombrillas para que los niños no se insolen en febrero. Es que la educación nos importa tanto que no podemos perder un segundo sin educarnos. Cada fracción de tiempo cuenta, se monetiza, es parte orgánica del mercado.
