Nos encontramos transitando momentos de absoluta complejidad en el país y la provincia del Chaco no escapa a esta realidad. Una situación de pandemia que no terminó y una segunda ola de covid-19 que avanza a pasos agigantados, sumada a la devastación y destrucción del tejido social que generó el gobierno macrista, son los antecedentes de los datos arrojados en la última medición del INDEC para el segundo semestre de 2020 que encienden las luces de alerta para tomar medidas urgentes que atenúen los impactos directos que sufre nuestro pueblo.
No podemos dejar de mirar esta radiografía que muestra que, en el Gran Resistencia, el 53,6% de las personas viven en la pobreza y el 10,6% en la indigencia, lo que la lleva a encabezar el dramático ranking de “ciudad con los peores índices del país”.
Para quienes venimos de los movimientos populares, éstos no son números fríos. Son chaqueños y chaqueñas que viven sin tener garantizados los derechos básicos, es la realidad que nos duele y la hacemos carne en nosotros, porque nuestro destino estará siempre atado a ese último de la fila y nuestro paso circunstancial por el Estado deberá ser con el objetivo de empezar a transformar un poquito de estas realidades, de lo contrario habremos fracasado.
No podemos dejar de mirar esta radiografía que muestra que, en el Gran Resistencia, el 53,6% de las personas viven en la pobreza y el 10,6% en la indigencia, lo que la lleva a encabezar el dramático ranking de “ciudad con los peores índices del país”.
Gran Resistencia es el conglomerado donde más repercute esta situación porque es el lugar donde se concentra la mayor densidad poblacional, la mayoría producto de la migración interna, hijos y nietos de campesinos que se ven obligados a vivir en condiciones de precariedad absoluta, muchos porque no han encontrado oportunidades en los distintos pueblos de la provincia de los cuales son oriundos. La mayoría emigra de sus lugares de origen con la esperanza de poder acceder a un trabajo formal que por lo general no se materializa. Una sequía prolongada agravó aún más la situación en los últimos dos años. Por este motivo, la informalidad laboral ha crecido de manera exponencial entre 2017 y 2019, y son éstos los trabajadores que más sufren hoy los efectos de la pandemia. En una primera etapa por el confinamiento, pues muchos de ellos viven de lo que conocemos como la changa, y en una segunda etapa de mayor flexibilidad de la cuarentena, porque ya no pudieron recuperarla, dado que quienes demandaban esos servicios o productos perdieron su poder adquisitivo o su trabajo formal.
Este crecimiento de la informalidad se profundizó con la cuarentena y lo hemos podido verificar desde el Estado provincial por primera vez con los datos precisos que arrojó el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP). En febrero de 2021 había 116.934 trabajadores de la economía popular inscriptos. Las ramas de actividad con mayor número de trabajadores reflejan el impacto de la pandemia: en primer lugar, servicios sociocomunitarios; luego servicios personales y otros oficios, construcción e infraestructura social y agricultura familiar y campesina.
La rama servicios sociocomunitarios está integrada por trabajadores de merenderos y comedores, las tareas de cuidado, y los promotores de salud de los barrios populares, en definitiva, por aquellos trabajadores que han sido esenciales para que los efectos directos de la pandemia no sean devastadores. Sin estos trabajadores esenciales como primer muro de contención ante el avance del coivid-19 en los sectores populares las consecuencias serían aún mayores.
La segunda contención fueron las medidas acertadas de emergencia como el IFE que ha sido el colchón económico que frenó la caída de este sector y, mientras se mantuvo, generó una reactivación en circuitos económicos de los sectores populares: muchos de los beneficiarios pudieron invertir este ingreso en pequeños emprendimientos familiares como verdulerías, kioscos o en refacciones menores de viviendas, lo que generó una reactivación en el sector de la construcción a baja escala. Inevitablemente también estos números del último trimestre de 2020 que hoy vemos nos muestran la importancia del IFE en una región como el NEA en general y del Chaco en particular, dado que una vez eliminado el ese beneficio, el impacto directo en la economía local es mayor al que podamos observar en otras regiones del país.
Es por esto que nos permitimos proponer una segunda etapa del IFE con mayor cobertura en regiones como el NEA donde es imperioso aminorar los impactos económicos que pudiera causar el avance de esta segunda ola.
Otra de las consecuencias económicas de la pandemia es el crecimiento de las brechas de la desigualdad educativa. Las consecuencias, sin embargo, pueden resultar más invisibles ahora. A partir de datos recabados en la primera etapa de un relevamiento a 630 familias realizado por los movimientos populares a través de la campaña Organización Comunitaria, en 10 barrios populares del Gran Resistencia se puede observar que durante 2020 casi el 50% de los estudiantes que intentó mantener la escolaridad de manera virtual no logró finalizar el año. Los mayores inconvenientes detectados fueron la falta de acceso a una buena conexión de internet, falta de celular, tablets, PC o notebook. Un 30% directamente dejó la escuela cuando las clases se retomaron de manera virtual. Solo el 20% de los estudiantes relevados pudo finalizar el año escolar.
Ante este cuadro de situación desde nuestro rol en el Estado es que estamos convencidos que invertir y potenciar la economía popular es una alternativa real en el camino hacia la recuperación económica de la provincia para empezar a revertir los índices antes mencionados.
Durante 2020 casi el 50% de los estudiantes que intentó mantener la escolaridad de manera virtual no logró finalizar el año. Los mayores inconvenientes detectados fueron la falta de acceso a una buena conexión de internet, falta de celular, tablets, PC o notebook.
Desde este convencimiento es que trazamos tres ejes fundamentales para abordar en lo inmediato. El primero es fortalecer los modelos productivos de la agricultura familiar para desarrollarlos en las diferentes zonas de la provincia y garantizar el abastecimiento local potenciando las ferias francas y los mercados populares. El segundo es implementar programas que dinamicen la infraestructura social básica en los barrios populares, esto no solamente genera trabajo directo para el sector sino que empieza a resolver demandas de pobreza estructural históricas como el acceso a servicios básicos como luz y agua. El tercer gran desafío es profesionalizar el trabajo de cuidado comunitario integral para imprimirle una valoración económica.
Si desde el Estado no asumimos que para empezar a cambiar esta situación tan compleja es necesario potenciar con políticas concretas a sectores tan dinámicos como este núcleo de trabajadores de la economía popular que subsiste por fuera del sistema formal y que genera trabajo, será muy difícil afrontar las consecuencias que nos dejará la pandemia.
Pensar en la recuperación económica del Chaco es, en primera instancia, pensar en políticas que amortigüen la caída y consecuentemente identificar a los sectores que son dinámicos en la generación de trabajo. Los movimientos populares son centrales en esta discusión. La pandemia vino a develar de manera descarnada las brechas de desigualdad que existen producto de modelos de concentración económica que están agotados y a poner en discusión las transformaciones estructurales que tenemos que realizar para empezar a revertir estas brechas de desigualdad.
