Fotos de Sebastián Pani, Gala Abramovich y Anita Pouchard Serra
Hoy en la Argentina los puestos de trabajo asalariados que no están registrados en la seguridad social suman un total de 4.974.775. Según las estadísticas oficiales esta cantidad representa un 23,5% del total de puestos de la economía -incluyendo los rurales y no asalariados- y el 31,7% de los asalariados. Si solo consideramos la porción del empleo regido por la Ley de Contrato de Trabajo, los asalariados no registrados son 3.969.251 y representan el 34,5% del universo de asalariados en empresas privadas no agropecuarias. En este segundo universo queda exceptuado el sector público, el trabajo agrario y las trabajadoras de casas particulares porque tienen regímenes especiales.
Ahora bien, ¿qué significa no estar registrado? En primer lugar, no tener acceso a las prestaciones de la seguridad social. Es decir: no contar con una jubilación en la vejez ni pensión por invalidez en caso de sufrir algún accidente laboral o enfermedad que incapacite para el trabajo; no contar con un seguro por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (ART); no cobrar las asignaciones familiares; no tener acceso a una obra social extensible al grupo familiar y no tener derecho a cobrar el seguro por desempleo.
Pero esto es solo una parte. La Ley de Contrato de Trabajo prescribe la obligatoriedad de la inscripción en la seguridad social y también otro conjunto de derechos y garantías: cobrar un aguinaldo, tener vacaciones y licencias pagas, cobrar las horas extras y adicionales por antigüedad, contar con la mediación de un sindicato tanto en la negociación del salario como en la determinación de las condiciones de empleo, además de acceder a una indemnización en caso de ser despedido sin causa.
El no registro priva de la seguridad social y también de este tipo de derechos y garantías previstos en la ley.
Bruto o con plan
Como en muchos otros países, la conformación del sistema de protección social en la Argentina respondió a la adopción de medidas afines a la constitución de un Estado de Bienestar y estuvo anclado en la figura del asalariado y padre de familia como único y/o principal proveedor. Sobra decir que nunca llegó a hegemonizar las relaciones laborales en el plano local: terminado el esplendor del desarrollismo, antes del inicio de la reestructuración neoliberal, en el Gran Buenos Aires la fuerza de trabajo asalariada y registrada en la seguridad social alcanzó el 57% en 1974 para empezar a declinar con la desindustrialización. Hoy ronda el 48%. De modo que, mucho antes de que en el mundo desarrollado entrara en crisis el modelo de producción y de gestión de las protecciones sociales, había acá otras formas de hacerse de medios de vida más allá del empleo asalariado formal, es decir, viviendo y gestionando los riesgos vitales por fuera del sistema de seguridad social.
En este sentido, el trabajo asalariado formal no es la única manera posible de acceder a las protecciones frente a los riesgos vitales (enfermedad, vejez y muerte), pero sí la típica y más extendida. Desde principios del siglo XXI en América Latina empezaron a tomar fuerza diversos instrumentos de política de seguridad social “no contributivos”, es decir, no financiados solidariamente por los trabajadores y patrones en relaciones de trabajo formalizadas. En la Argentina existe hoy una estructura bastante abarcativa de prestaciones de la seguridad social no contributiva: pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las moratorias previsionales que también pueden ser incluidas en este grupo. Existe además el acceso híbrido a la seguridad social mediante el monotributo social.
Las prestaciones tradicionales, formales, se financian con el aporte de los trabajadores y la contribución del patrón. La norma establece que el laburante aporta un 17% del salario bruto y el empleador entre un 23% y 27%. Pero las cuentas que suele argumentar el capital son otras. Estiman que la registración del trabajador eleva el costo salarial en un 50% y parece que se convencen de que tanto el aporte como la contribución salen de su bolsillo. En realidad, los empleadores son solo agentes de retención de la parte de la contribución que realizan los laburantes al sistema de seguridad social.
Con frecuencia la evasión se da en una suerte de compromiso con el trabajador que prefiere cobrar el equivalente al bruto en el bolsillo, o prefiere no perder el plan. Claro está que, siempre y en todo lugar, la preferencia del empleado se escucha solo si conviene al despotismo de la patronal. Pero, en efecto, algunos números indican que parte de los trabajadores no registrados cobran en mano el salario bruto. ¿Por qué lo decimos? Porque más de un tercio de los trabajadores no registrados en el tercer trimestre de 2021, cobraron salarios de $30.000 o más por 8 horas, cuando el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) por 8 horas era $28.800 bruto ($23.904 neto). Esto no es una excepción, se replica a lo largo del tiempo.
Sin embargo, no es cierto que el estar “no registrado” sea parte de una negociación. De acuerdo con la Encuesta nacional a trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad (ECETT), en 2018 un 46% de los trabajadores que no estaban registrados declararon que en el establecimiento donde se empleaban ningún otro trabajador lo estaba. En 2015, otra fuente oficial, la Encuesta de Protección y Seguridad Social (ENAPROSS), había obtenido prácticamente el mismo resultado (49%) y agregaba otro dato determinante: el 81,3% de estos trabajadores decía que su empleador solo lo aceptaba trabajando en negro.
Por otro lado, sabemos que algo más del 90% de los asalariados formales cobra sueldos por encima del SMVM. Por ello el blanqueo o registro implica revisar si el salario que se paga al trabajador es el que le corresponde según su categoría en la escala salarial del Convenio Colectivo de Trabajo -siempre superior al SMVM-, y los adicionales por antigüedad.
Estar o no registrado implica estar o no bajo la tutela de un sindicato y de un convenio colectivo. Lo cierto es que así como estar registrado es mucho más que acceder a las prestaciones de la Seguridad Social, el costo para el empleador es mayor a la alícuota de entre 23% y 27% que corresponde a la contribución del empleador.
Estado de excepción
El capital más estructurado solo residualmente evade la registración de sus empleados: un 96% de trabajadores en unidades con más de 100 empleados declara estar registrado, el 93% en las que tienen entre 40 a 100 empleados, el 81% en las empresas con 10 a 40 empleados. Lo opuesto ocurre en las empresas muy pequeñas -con 6 a 10 empleados-, donde solo el 62% está registrado. Y mucho peor aún en mini-empresas de 5 o menos trabajadores, cuyo alcance es del 37%. Sin embargo, hay otras formas de evadir que sí usan las grandes. El 12% de los trabajadores en empresas de más de 100 empleados declara que cobra parte de su salario en negro. Es decir, como lo señala la ECETT en 2018, hay mucho registro parcial, en categorías mínimas o por jornadas cortas.
Cuánto se le puede exigir al empleador sin poner en riesgo el emprendimiento productivo es una discusión técnica, pero también una discusión de política como casi todo en materia de ordenamientos y jerarquías sociales. Pero en el contexto de capitalismos periféricos con un 74% de los trabajadores no registrados en unidades productivas pequeñas (de hasta 10 empleados), estas discusiones son difíciles de dar y permean las intervenciones de política y la fiscalización. No menos cierto es que todo convive y se hibrida y es difícil separar a las empresas pequeñas de subsistencia de las medianas o grandes porque la subcontratación termina de unir la necesidad con el negocio.
En general se exceptúa a la excepción. Pero es tan grande el peso de la microempresa en la estructura productiva local que si se hace la vista gorda ahí, seguiremos sin perforar el piso del 30% o 33% de trabajo no registrado. De hecho, durante el primer y segundo kirchnerismo se llegó a bajar la incidencia del no registro desde el 49,2% al 33,7%, en el contexto de un fuerte crecimiento económico y de un conjunto de políticas específicas enmarcadas dentro del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT): se instrumentaron diversas moratorias destinadas a favorecer el registro de los trabajadores (facilidades de pago de las deuda contraídas con la AFIP, liberación de multas y sanciones de AFIP y el Ministerio de Trabajo, reducción temporal en las contribuciones a la seguridad social), se mejoraron las tecnologías de control para la detección eficaz de irregularidades y se continuó avanzando con los procesos de simplificación registral que facilitan el acceso y abaratan los costos burocráticos del cumplimiento de la normativa.
De allí en más no se logró ninguna mejora significativa a nivel agregado, salvo en el servicio doméstico mediante la sanción en 2013 de un régimen especial para trabajadoras de casas particulares, que adecuó las alícuotas de las contribuciones y aportes al presupuesto de los hogares y en función de las diferentes formas parciales de contratación. De esta forma los aportes y contribuciones para una jornada completa no superan el 10% del salario bruto.
En 2014 se implementó una promisoria política de incentivo a la registración del empleo para las empresas pequeñas, con reducción de las contribuciones patronales. La Ley 26.940, de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude laboral, tuvo algunos resultados positivos durante su primer año de implementación. Luego el cambio de gestión de gobierno y la no actualización de los topes de facturación para identificar a las PyMES le quitó fuerza a este instrumento, del que todavía hay mucho para aprender y ajustar en su implementación. Posteriormente, la gestión de Mauricio Macri otorgó reducciones a las contribuciones patronales, a cambio de nada. Es decir, que la reducción no buscó mejorar los indicadores de registro de trabajadores. Se trató de una política de subsidio generalizada para todo el empresariado.
Tres burbujas negras
Es habitual abordar al trabajo asalariado no registrado como un todo indiferenciado cuya entidad está dada por su oposición al registrado. Así, en promedio, los trabajadores no registrados en empresas del sector privado cuentan con menos credenciales educativas (solo 51% tiene secundario completo en relación con el 76% de los formales), tienen un mayor componente migrante (5,4% en relación con el 3,4% de los registrados) y, sobre todo, son más jóvenes (un 29% es joven en relación con solo el 6% de los formales). Este sesgo, con atributos peor valorados en la demanda de empleo, se da en espejo de las malas condiciones. Los puestos de trabajo que se cubren con mano de obra no registrada son menos calificados (un 36% de los puestos son no calificados en relación al 15% de los formales). Allí no se acumula ni premia la antigüedad (47% de los trabajadores no registrado lleva menos de 1 año de antigüedad en su puesto en relación al 17% registrado) y están peor remunerados: el último dato del INDEC, en el 3er trimestre de 2021, sin controlar por ningún atributo, el ingreso de los no registrados fue $27.301 y $62.038 de los asalariados registrados.
También hay tránsitos entre segmentos. Según la ENAPROSS, en 2015 algo más del 40% de los trabajadores no registrados declaró haber tenido alguna vez un trabajo con aportes. Así como se habla de empresas en gris, con parte del personal en blanco y parte no registrado, una parte importante de las trayectorias laborales son “grises”.
Si bien existe trabajo no registrado en toda la estructura productiva, hay nichos donde su presencia es más factible. Hay dos características que tienden a darse en estos segmentos: primero, son en general ramas mano de obra intensivas; segundo, se dan en unidades productivas pequeñas, lo que se asocia tanto a bajos niveles de productividad del establecimiento como a la invisibilidad y dificultad del Estado para fiscalizar y hacer cumplir la norma.
Hay muchas maneras de presentar los números. El gráfico siguiente muestra el total del empleo no registrado de acuerdo con su distribución por rama para identificar concentraciones. El tamaño de la burbuja indica cuánto aporta la rama al total de empleo no registrado. En el eje vertical se ubica el porcentaje del empleo no registrado que se da en unidades productivas muy pequeñas. En el eje horizontal, se presenta el porcentaje de trabajadores no registrados en establecimientos donde ningún trabajador está registrado, esto es, una especie de aproximación al grado de informalidad de la unidad productiva.
Gráfico: Empleo no registrado por rama, de acuerdo con el tamaño (eje vertical) y la informalidad de la unidad productiva (eje horizontal). Empresas del sector privado
Fuente: Elaboración propia en base a ECETT-MTEYSS
Antes de pasar a describir dos o tres ramas que nos interesan en relación a la lógica de los negocios y el trabajo no registrado, es necesario advertir que excluimos al servicio doméstico. Si bien explica por sí solo el 25% del empleo no registrado, se da en hogares, no en empresas, y no lo podemos clasificar de acuerdo con las variables del gráfico.
Lo primero que se puede ver del gráfico es un cuadrante vacío, lo que refleja las tendencias ya mencionadas: solo es posible tener a toda la nómina de trabajadores sin registrar en unidades productivas muy pequeñas.
Lo segundo es la gran burbuja de la construcción más alejada del resto, lo que indica que ahí ocurre algo diferente. Construcción explica el 14% del total del empleo no registrado en empresas del sector privado no agropecuario. El 80% de este empleo no registrado se da en unidades pequeñas (de 5 o menos empleados) y el 75% está inserto en unidades donde nadie está en blanco. Con todos estos atributos, es decir, en pequeña escala y con todo el personal en negro, opera el 63% de todo este empleo no registrado de la construcción. No nos imaginemos una familia contratando a un pintor porque acá nos estamos refiriendo a asalariados (no cuentapropias) de alguna pequeña empresa, muchas veces contratada por empresas más grandes (estudios de arquitectura, empresas constructoras). La construcción es la rama donde menos se ve el segmento “en gris”. Está polarizada, en blanco -para grandes obras- o en negro. Y es aquí donde parece filtrarse un amplio segmento medio de profesionales y pequeños empresarios que se beneficia en la cadena empleando en estas condiciones a 354.000 trabajadores.
Los montos que mueven estas pequeñas obras permiten pensar que se podrían pagar salarios en blanco, o por lo menos llegar al gris registrando parte de la relación laboral, sobre todo cuando existe un régimen flexible por jornadas. Hay trámite de aviso de obra, a veces existen seguros por día (no ART), pero no hay registro de los trabajadores. Es hora de meterse más a fondo y problematizar la forma en la que se estructuró y naturalizó el trabajo en la construcción hasta hoy.
La otra gran burbuja es Comercio. Por su tamaño global,es responsable del 14% del total del empleo no registrado urbano, aunque la incidencia del no registro no es muy alto (38,4%). Aporta mucho empleo registrado y no registrado. El 72,2% de su empleo no registrado se da en unidades pequeñas. Pero lo notorio, comparando con la construcción, es que hay un segmento significativo del empleo no registrado que está empleado por unidades productivas pequeñas que operan en gris. Solo un 38% del empleo no registrado se encuentra en unidades pequeñas que funcionan totalmente en negro (con relación al 63% de construcción). Es probable que la mayor visibilidad de los comercios si se lo compara con las obras domiciliarias de la construcción tenga peso explicativo.
Por último, queremos referirnos a Hoteles y Restaurantes, una de las ramas con más bajos salarios. Aporta un 7% del empleo no registrado y es la segunda detrás de Construcción, con más establecimientos funcionando con todo su personal en negro. El tamaño de las empresas es mayor, el empleo no registrado está menos concentrado en pequeñas empresas porque hay más medianas con empleo no registrado que en otras ramas. Acá también hay visibilidad, pero es evidente la falta de fiscalización. Por otra parte, entre los asalariados registrados se encuentra uno de los mayores índices de salarios mixtos: el 21,5% declara que cobra parte del salario en negro.
Patrón rico, empresa pobre
Hablar de no registro es hablar del precio que se paga por el trabajo. Para ello se torna necesario hablar de las pretensiones de ganancia -en rigor, a veces, pretensiones de consumo- del pequeño capital que contrata trabajo en negro de manera directa o subcontratando. La literatura latinoamericana que estudia la sobrerepresentación de los pequeños establecimientos en las economías de la región, refiere al bajo componente tecnológico, al uso intensivo de mano de obra, a la escasa diferenciación entre capital y trabajo, lo que entre otras cosas significa que el pequeño empresario busca sacar un “salario” – en vez de ganancia – y que el excedente pasa con frecuencia a consumo o a ahorro más que a reinversión. Con todas las salvedades de grado, resuena aquí también algo de la frase Empresario rico, empresa pobre.
Es difícil cuestionar a las capas medias y a los empresarios pequeños. Pero lo cierto es que gran parte del empleo no registrado se origina ahí. Así como en los usos y costumbres respecto de la contratación del servicio doméstico por parte de amplias capas medias. En el caso de las empleadas domésticas, dentro de una diversidad de políticas, se ha identificado desde hace tiempo la necesidad de fomentar un cambio cultural que reconozca su carácter de trabajo con derechos. Puede pensarse que en otros sectores también se deben atacar esos usos, costumbres y discursos que sostienen esta inercia: “La construcción es así”; “No quieren por los planes”; “Para qué darle más plata al Estado y la AFIP”. La evasión se piensa con relación al Estado y al futuro de la jubilación y nadie se hace cargo de que le paga menos al prójimo hoy.
Como en tantos otros temas, no hay mucho para inventar. Respecto a las contribuciones, es razonable subsidiar parcialmente la alícuota o ajustarla a contratación por tiempos cortos en determinados sectores. La Ley de Trabajadoras de Casa Particulares y la de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude laboral, parecen marcar un rumbo de acción. Por otra parte, fiscalizar es siempre necesario. Pero, sin dudas, mientras se avanza en la complejidad de las ramas y actores que hay que involucrar para la reducción del no registro en cada segmento, en la determinación de micropolíticas e intervenciones, hay una vara genérica y simple que sí opera y es la gestión del SMVM. Su impulso tracciona la mejora de los salarios reales y puede llevar a una mejora en la distribución del ingreso.
