Por qué creemos que la crisis del COVID-19 es inédita para nuestro país. Encontramos cuatro causas principales.
Primero, por sus características. La crisis implicó un shock de demanda y oferta, actuando simultáneamente en todo el mundo. Esto llevó a que se practicaran políticas horizontales en los países más afectados, dado que la crisis fue muy rápida y extendida. No sólo cayeron los ingresos internos y externos, sino que se impusieron restricciones a la movilidad, lo cual implicó la necesidad imperiosa de reemplazar los ingresos laborales y comerciales por transferencias directas, créditos o cualquier otra política que resolviera la urgencia.
Segundo, por las dinámicas que ocurrieron. Resulta difícil encontrar en Argentina períodos en que los salarios se retraigan en términos nominales de manera generalizada (por ejemplo fines de la Convertibilidad, con la deflación de fines de los 90). Durante los meses más fuertes de la pandemia, los ingresos laborales disminuyeron a causa de la imposibilidad de concurrir a los puestos de trabajo, en el marco de sostenimiento del empleo con acuerdos sectoriales por suspensiones. A diferencia de las tradicionales crisis en Argentina, los ingresos laborales no ajustaron por un recrudecimiento de la inflación, sino por una caída nominal en un contexto de desaceleración del proceso inflacionario.
Tercero, por su violencia, en particular en ciertos sectores, lo cual explica la amplia divergencia en las situaciones de los trabajadores y las empresas y el volumen de las políticas adoptadas en tan poco tiempo. Un ejemplo es la adopción del IFE, con un alcance de 20% de la población argentina.
Cuarto, relacionado con el punto anterior, por los montos, la diversidad y las novedosas políticas de emergencia adoptadas. Políticas insignia de estos meses como el ATP y el IFE no existían en nuestro país, tuvieron que ser diseñadas e implementadas rápidamente, al calor del desarrollo de la crisis. La dinámica de los acontecimientos “rebalsó” el esquema con el que se manejaba al Estado y forzó el desenvolvimiento de medidas impensadas.
El empleo en la pandemia: características previas y problemas estructurales
El mercado de trabajo es el canal por el cual se conecta la esfera de la macroeconomía con la del bienestar de los hogares. Los resultados que muestra el mercado de trabajo en los últimos meses se pueden comprender a partir de las características previas que éste tenía, algunas de ellas estructurales.
El fin de la gestión de gobierno macrista dejó un panorama sombrío en materia de la estructura del empleo y la dinámica salarial. Los problemas estructurales que mostraba el mercado de trabajo argentino se tendieron a agravar durante los cuatro años de gestión. Entre ellos se destacan las dificultades para la creación de empleo (en particular de calidad) y la heterogeneidad de la estructura laboral. La tasa de desempleo se incrementó cuatro puntos, el empleo por cuenta propia de baja calificación y el asalariado no registrado en la seguridad social aumentaron y se destruyeron puestos de trabajo asalariados registrados en el sector privado. En la industria manufacturera, entre 2015 y 2019 se perdieron 140 mil puestos de trabajo asalariados registrados (un 11% del stock de empleo al inicio de la gestión).
El comienzo del nuevo gobierno de Alberto Fernández instauró una batería de medidas, en el marco de la emergencia social, que buscaba paliar la crisis y poner un freno en la dinámica precedente. Dentro de estas medidas se destacaron la doble indemnización de despidos sin causa y la implementación de un aumento de suma fija desde enero de este año.
El shock de la pandemia implicó fuertes caídas en la producción y en la movilidad de los trabajadores, lo cual exigió al Estado la realización de políticas de emergencia. Dada la heterogeneidad del mercado de trabajo, se practicaron políticas diferenciadas.
Para el segmento del empleo registrado, todas las medidas se orientaron a preservar los puestos de trabajo y en la medida de lo posible los ingresos de los trabajadores. En primer lugar, se dictó una norma que estableció la prohibición de realizar despidos sin justa causa, por las razones de falta de trabajo o disminución de trabajo y fuerza mayor, aunque se habilitaron las suspensiones de las relaciones laborales a cambio el pago de una contraprestación económica con un piso del 75% del salario neto. En segundo lugar, se implementó el programa ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), dirigido a las empresas de los sectores más afectados por la pandemia, cuyo principal componente fue el subsidio directo de una parte de los salarios de los trabajadores contratados en relación de dependencia. En el momento de mayor profundidad de la crisis unos 2,2 millones de asalariados del sector privado (un tercio del total del ámbito privado) que trabajan en 250 mil empresas (casi la mitad de las firmas del país) cobraron sus salarios con aportes estatales a través del salario complementario que estaba contemplado en el Programa ATP (según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, dentro de los beneficiarios, el 99% de las empresas tienen menos de 100 empleados y abarcan el 63% del empleo. Del total de gasto, sólo el 16% fue para empresas de más de 800 empleados, que contienen el 13% del empleo).
En el marco de este mismo Programa se dieron créditos a tasas subsidiadas, principalmente a PyMEs, para el pago de salarios y recomponer el capital de trabajo. En este sentido, este programa se constituyó en la principal acción implementada por el gobierno con la finalidad de preservar los puestos de trabajo.
Sin embargo, como estas políticas tendrían nulo impacto en los trabajadores informales e independientes, con condiciones más precarias, mayor inestabilidad y con pocas herramientas para amortiguar el impacto de la fase recesión, se diseñó una política extendida de transferencia de ingresos a poco más de 9 millones de individuos a través de la implementación del Programa Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Este programa se implementó en tres ocasiones. Si se observan los ingresos precedentes de estos grupos, el programa resultó insuficiente especialmente considerando la profundidad de la crisis en algunos grupos muy golpeados, pero permitió amortiguar el aumento de la pobreza y, particularmente, la indigencia. Asimismo, para los trabajadores independientes se llevaron adelante créditos a tasa cero garantizados por el Estado, con un monto promedio de $120.000 y cerca de 550.000 beneficiarios.
Los resultados del relevamiento de la Encuesta Permanente de Hogares muestran con claridad el resultado diferencial de la crisis sobre los distintos segmentos de la estructura sociolaboral. Entre el segundo trimestre de 2019 y mismo período de 2020, la tasa de actividad cayó 9,3 puntos porcentuales, pasando de 47,7% a 38,4% en el período. La reducción de la población económicamente activa se explica en su totalidad por la pérdida de puestos de trabajo, de una parte importante de la población que ante las pocas expectativas de conseguir empleo pasó a engrosar la inactividad laboral.
El empleo, en todas sus categorías, disminuyó un 21% en términos interanuales, mientras que el desempleo no experimentó cambios en el total de los aglomerados urbanos. El factor desaliento y las restricciones a la movilidad jugaron un papel destacado para explicar este comportamiento.
Las contracciones más importantes del empleo se produjeron en los asalariados no registrados, que al no contar con una protección efectiva de la relación laboral, están más expuestos a esta inestabilidad. El empleo asalariado sin registro cayó un 43% entre el segundo trimestre de 2019 y 2020. Las trabajadoras de casas particulares, los obreros de la construcción, los empleados de comercios y de los restaurantes son algunas de las categorías donde más impacto fue más agudo. En segundo lugar, la categoría del empleo independiente (cuentapropia) resultó la más afectada, luego del empleo asalariado no registrado, con una caída interanual de 28%.
Las contracciones más importantes del empleo se produjeron en los asalariados no registrados, que al no contar con una protección efectiva de la relación laboral, están más expuestos a esta inestabilidad. El empleo asalariado sin registro cayó un 43% entre el segundo trimestre de 2019 y 2020.
La eficacia de la batería de medidas adoptadas y de los acuerdos sustanciados para suspender transitoriamente la relación laboral en las empresas afectadas permite explicar la pérdida de sólo el 5% de los puestos de trabajo en el empleo asalariado registrado.
En síntesis, los resultados en el mercado de trabajo muestran con elocuencia varias cuestiones. Por un lado, el impacto diferencial de la pandemia en los distintos estratos laborales producto de la heterogeneidad misma del mercado de trabajo. Por otro lado, el elevado grado de efectividad de las políticas públicas en los segmentos formales debido a su gran cobertura y las variadas herramientas que se pusieron en marcha. Por último, las dificultades para llegar a los sectores informales e independientes por distintas razones, dentro de las cuales se destacan la propia características de no registro y las dificultades de operatividad (en particular en el momento más difícil de pandemia), las pocas herramientas precedentes (AUH, tarjeta alimentar, potenciar trabajo)y la necesidad de acudir a planes de emergencia vía políticas universales (IFE), que resultan muy difíciles de sostener en el tiempo, al menos en montos importantes.
Lo vivido en la pandemia creemos que no es ajeno a una realidad de muchos países con estructuras laborales heterogéneas y Estados con problemas de financiamiento: dificultades para abarcar los problemas de la informalidad laboral, la necesidad de universalizar con bajos recursos y los problemas de sostenimiento fiscal de los programas y la mayor efectividad de baterías a sectores registrados, que se evidenció con claridad en el caso argentino.
Dinámica de precios y salarios. La pandemia como el Pacto Social que no fue
Lo sucedido con los salarios en la pandemia solo puede entenderse a través de su interacción con la inflación, la estructura de contratos, los arreglos institucionales adoptados y las políticas y orientación del Estado.
En el período 2015-2019, se evidenció un empeoramiento en la distribución del ingreso, una reducción de los ingresos reales de los asalariados formales del sector privado de un -15% en el marco de una inflación que llegó a superar el 50% anual. En este marco, las paritarias intentaron acompañar la evolución de los precios desde atrás, adoptando comportamientos típicos de la alta inflación y la inestabilidad: acortamiento en la frecuencia de los aumentos y la multiplicación de las renegociaciones.
Una de las características de la dinámica salarial en los años previos (principalmente 2018 y 2019) radicó en la reducción del salario real y una elevada indexación salarial que se manifestó en una mayor frecuencia de aumento del salario nominal sin recomponer el poder de compra. Una de las primeras medidas que adopta el gobierno de Alberto Fernández para compensar la pérdida de salario real sufrida en los años previos fue la de dictar un aumento salarial de suma fija de $3000 en enero y $4000 desde febrero. Esta suma fija se incorporó en las remuneraciones de los trabajadores a partir de las negociaciones que se dieron en las reaperturas de las paritarias 2019, así como en las que se iniciaron en 2020. Además del objetivo de lograr una rápida suba del poder adquisitivo y dinamizar la economía doméstica, esta política también perseguía otros objetivos. Primero, la reactivación de la negociación colectiva para que cada sector adapte el esquema de incorporación de la suma fija en las remuneraciones de convenio. Algunas actividades continuaron pagando el aumento por intermedio de esta suma fija, mientras que otras actividades la incorporaron a los incrementos porcentuales en las escalas salariales (que impacta sobre los adicionales y premios que conforman la remuneración). Segundo, se buscaba coordinar los incrementos salariales de distintas ramas en las paritarias 2020 con el fin de recuperar poder adquisitivo y evitar la propagación de la inercia inflacionaria, que podría terminar licuando los aumentos negociados.
La pandemia modificó por competo la dinámica salarial. El impacto de la crisis llevó a un congelamiento de las paritarias, con un primer momento de postergación prácticamente generalizada de las negociaciones. En muchos sectores, particularmente los de comercios y servicios más golpeados por la caída de la actividad y las restricciones para operar, pasaron de discutir nuevos aumentos a realizar acuerdos por suspensiones con rebaja salarial nominal. Como fruto de estas discusiones y con el objetivo de fijar un piso a esos recortes, se estableció un acuerdo tripartito entre cámaras, sindicatos y el Estado que sirvió de guía para la negociación sectorial, en el cual se fijaba un mínimo de 75% del salario neto por trabajador. Este acuerdo junto con las políticas de restricción a los despidos y de transferencias directas y créditos para solventar el pago de salarios, constituyeron los ejes del paquete anticrisis para el sostenimiento del empleo registrado.
En este marco, con el desenvolvimiento de la crisis se dio un proceso singular en el que la caída del salario real no se dio como tradicionalmente sucede en nuestro país, con una aceleración inflacionaria con salarios nominales creciendo en menor medida, sino por una contracción nominal temporaria (fruto de las suspensiones y el recorte de horas extra) e inflación desacelerándose. Eso llevó a una separación entre la evolución de los salarios de convenio negociados (para los trabajadores que cobran el 100%) y el salario efectivamente cobrado. Como se ve en el gráfico, la diferencia entre los salarios negociados y cobrados es más amplia en abril y mayo, meses en los que la pandemia golpeó de lleno a la actividad. La caída del salario real efectivo en los meses más fuertes de la pandemia pareciera haberse compensado por el efecto de los incrementos de suma fija y las reaperturas de comienzos del año. En julio y junio, la reactivación económica de los últimos meses estaría mostrando una estabilidad del salario real.
A pesar de las diferentes estrategias establecidas a nivel sectorial, predominaron las cláusulas de reapertura hacia fin de año, como un seguro ante la incertidumbre frente a la situación económica. En este sentido, si bien la inflación descendió 20 puntos porcentuales (de 55% a 35% aproximadamente), la inestabilidad y falta de previsión respecto a la dinámica nominal y real, consolidó un comportamiento de preferencia hacia la flexibilidad con cláusulas de reapertura y/o reajuste y la prevalencia de contratos cortos. Esto lleva a pensar que podemos estar en presencia de un proceso de más largo alcance, iniciado en el año 2018, en el que la inflación superó con creces el 30% sostenidamente.
Con el desenvolvimiento de la crisis se dio un proceso singular en el que la caída del salario real no se dio como tradicionalmente sucede en nuestro país, con una aceleración inflacionaria con salarios nominales creciendo en menor medida, sino por una contracción nominal temporaria (fruto de las suspensiones y el recorte de horas extra) e inflación desacelerándose.
La desindexación de precios y salarios que se propuso el nuevo gobierno a comienzos de 2020 pareciera haberla realizado la pandemia. Parte de la tarea del Pacto Social se realizó en el marco de una profunda contracción económica que redujo brutalmente la nominalidad. Una inflación en torno al 35% podría permitir una estabilización y consolidar la recuperación de la actividad económica y de los ingresos reales. Sin embargo, algunos factores que explican esa desaceleración de la inflación durante los meses de la pandemia (recesión, congelamiento de tarifas y sendero estable en torno a 35% del tipo de cambio) no estarán presentes, pudiendo rebalsar el escenario de estabilización en torno a 30-35% y llevándolo a los valores previos (superiores al 40-45%).
La dinámica salarial no es ajena a ese proceso. El contexto de paritarias cortas, renegociaciones y heterogeneidad sectorial es un problema. Si bien reordenó las paritarias en torno a acuerdos con una nominalidad más baja durante la pandemia, la dispersión sectorial puede convalidar rápidamente incrementos que amplíen la heterogeneidad entre trabajadores más y menos afectados por la pandemia. De este contexto surgen algunos interrogantes en el futuro cercano: ¿habrá un escenario de coordinación salarial? ¿Se podrá estabilizar la macroeconomía para evitar una aceleración inflacionaria que reavive la carrera entre salarios y precios? Son las preguntas que se resolverán en el futuro cercano.
