MIRADA SINDICAL

Por: Juan Carlos Schmid

Desde su origen en la crisis del 2001 hasta hoy, y ante el quiebre del modelo de trabajo tal como lo conocíamos, las y los trabajadores de la economía popular demostraron ser una pieza clave a la hora de pensar nuevas formas de organización y producción comunitaria, tendiendo puentes, además, con el movimiento sindical para lograr una agenda común y articulada.

El 9 de julio de 2015, en el II Encuentro Mundial de los Movimientos Populares llevado adelante en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el Papa Francisco manifestó: “He conocido de cerca distintas experiencias donde los trabajadores unidos en cooperativas y otras formas de organización comunitaria lograron crear trabajo donde solo había sobras de la economía idolátrica. Las empresas recuperadas, las ferias francas y las cooperativas de cartoneros son ejemplos de esa economía popular que surge de la exclusión y, de a poquito, con esfuerzo y paciencia, adopta formas solidarias que la dignifican”.

En nuestro país, desde el retorno a la democracia se fue forjando una deuda con los hombres y mujeres que habitan en la periferia. Al mismo tiempo, al Movimiento Sindical le costó, y le cuesta, reconocer que existe una nueva realidad social que obliga a replantearnos las cuestiones relacionadas con el trabajo de manera integral.

No obstante, cabe precisar que existen una serie de confusiones en torno a la mirada que se tiene sobre la Economía Popular a la que comúnmente se la vincula con la precarización y la informalidad laboral. Esta perspectiva prescinde de la observación aguda del Papa. Las y los trabajadores emergentes de la crisis civilizatoria del sistema han logrado organizarse y re-vincularse en términos políticos, económicos, sociales y culturales, desde su propia identidad como clase trabajadora y pueblo.

Las y los trabajadores emergentes de la crisis civilizatoria del sistema han logrado organizarse y re-vincularse en términos políticos, económicos, sociales y culturales, desde su propia identidad como clase trabajadora y pueblo.

En Argentina hoy tenemos un 27,8 % de trabajadores y trabajadoras en la pobreza; el 36 % gana menos del salario mínimo. A pesar de que la recuperación económica, en el último tramo de 2021, fue superior al 11 %, la pobreza ronda el 38 por ciento. En este contexto, se suma el regreso del FMI. El acuerdo con el Fondo Monetario no define nuestro futuro porque no pueden ser los tecnócratas quienes sienten las bases de una nación. El estancamiento de los últimos años, el atraso, la declinación educativa, etc. son producto de la falta de estrategia en el presente. Sostengo que en el ámbito formal hay trabajadores y trabajadoras precarizados, a pesar del esfuerzo de las organizaciones sindicales y las vigencias legales que protegen los derechos laborales. El problema, además de político, es sistémico… el endeudamiento también.

Los orígenes de la organización popular de las periferias pueden rastrearse en el principio del siglo. Los piquetes de Cutral Có y Tartagal son ejemplos de ese ciclo inicial producto de la pobreza estructural que rompió el modelo de trabajo como vertebrador social. Años después, en 2016, el sindicalismo nacional tendió puentes con los movimientos populares cuando a partir de lo que gestó la marcha de San Cayetano, la CGT y la CTEP lograron trazar una agenda de articulación.

Desde entonces, aún con sobresaltos, las y los trabajadores de la economía popular avanzaron con el reconocimiento social. La pandemia de COVID-19 promovió la aceleración de dicha estructuración; el precedente inmediato fue la constitución de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Esto nos conduce a pensar que la respuesta a los problemas comunes se encontrará en la conformación, tanto solidaria como política, del Movimiento de Trabajadores.

En junio de 2020, el Ministerio de Trabajo de la Nación emitió una resolución, la 509/2020, que permitió «garantizar el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida por medios que le aseguren condiciones de existencia digna». Sobre esa consideración se plasmó en 2021 la resolución 118, que establece un registro o una inscripción especial para las personas que se desempeñan en la economía popular y de subsistencia, que podrán construir asociaciones y ejercer los derechos que se le conceden en esta resolución.

Asistimos en Argentina a la consolidación de cerca de 9 millones de trabajadores, asalariados o no asalariados en partes iguales, y de trabajadores informales, de ingresos bajos e inestables, sin protección social. En el plano de la representación y organización, el sindicalismo no los cubre por el esquema legal vigente porque solo pueden afiliarse los trabajadores registrados. En consecuencia, los Movimientos Populares han logrado avanzar en la cobertura de las y los trabajadores de la economía popular, desde la inscripción de sus organizaciones en un régimen de elementos comunes con el ámbito sindical.

Ahora bien, es importante comprender los procesos de organización que se entrelazan en la historia. Situarnos nos va a permitir discernir dónde nos ubicamos para visibilizar una realidad que habita en el nosotros por encima de lo que el sentido común diagrama en términos de saberes sociales.

Los trabajos realizados en la década del ’70 y el ’80 por la Confederación Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) permitieron sentar los antecedentes de una mirada abarcadora sobre las diversas realidades territoriales de las y los trabajadores con o sin empleo, así como de la economía social y solidaria, hoy denominada economía popular. Hemos visto cómo el año 2001 significó un punto de inflexión para avanzar en la organización conjunta; en 2018 se conformó, además, la Mesa de Diálogo por el Trabajo y la Vida Digna. De ese encuentro surgió el documento “Una Patria fundada en la solidaridad y el Trabajo”. En ese espacio participaron organizaciones sindicales como la CGT, ambas CTA, la FeMPINRA (Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval R.A.) y las 62 Organizaciones Peronistas, entre otras. Obviamente también estuvieron allí representados los Movimientos Populares.

Aun así, a pesar de lo expresado, no siempre se encuentra sobre la economía popular una definición que englobe y enmarque tanto el trabajo como la configuración de derechos. En el Artículo 2 de la resolución 118, el Ministerio de Trabajo fijó que “se considera trabajadores de la economía popular y de subsistencia básica a los sujetos que se desempeñan de manera individual o colectiva, para generar un ingreso personal y familiar, ya sean trabajadores autónomos, prestadores de tareas eventuales, ocasionales o changas, vendedores ambulantes, ocupantes de puestos callejeros, personas dedicadas a la recuperación de residuos o a trabajos de cuidado en espacios comunitarios, como jardines, merenderos y comedores, venta en pequeñas ferias, agricultura familiar, venta de artesanías, cuidado de automóviles, lustrado de zapatos, cooperativas de trabajo, pequeños emprendimientos promovidos por programas sociales y todos aquellos que, bajo tipologías análogas y sin que exista una relación que permita tipificar el vínculo como contrato de trabajo en los términos de la Ley N° 20.744, participen del proceso de producción de bienes y servicios con relaciones asimétricas, con la finalidad de subsistir”.

Como observamos, la secuencia histórica es dinámica, por lo cual se hace necesario enmarcar conceptos que el imaginario colectivo construye a partir de falsas representaciones. Por lo general los debates o los análisis sobre el trabajo se esgrimen en un plano de abstracción asimilado a la superestructura. De esta manera, la reflexión queda supeditada a las categorías que prescinden de la mirada sobre las realidades territoriales, porque los “descartados y descartadas” reformulan las validaciones convencionales.

El Papa Francisco es contundente al afirmar: “Los gobiernos que asumen como propia la tarea de poner la economía al servicio de los pueblos deben promover el fortalecimiento, mejoramiento, coordinación y expansión de estas formas de economía popular y producción comunitaria”.

El Papa Francisco es contundente al afirmar que: “los gobiernos que asumen como propia la tarea de poner la economía al servicio de los pueblos deben promover el fortalecimiento, mejoramiento, coordinación y expansión de estas formas de economía popular y producción comunitaria”.

Esta interpelación nos convoca a abandonar la mirada asistencialista, reafirmando las condiciones éticas de la comunidad organizada donde nadie queda afuera. En un mundo beligerante donde la “guerra” es también económica, la integración horizontal de los distintos sectores que conforman el campo popular debe darse en un plano que supere las instancias de la reivindicación y absorba las experiencias de organización de la periferia al centro.

Como bien asume el “Papa de los Pobres”: “El futuro de la humanidad no está únicamente en manos de los grandes dirigentes, las grandes potencias y las élites. Está fundamentalmente en manos de los pueblos,en su capacidad de organizarse y también manos que riegan con humildad y convicción este proceso de cambio”.

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