¿Qué implica un Estado con las organizaciones sociales en su seno?
Es la pregunta que nos plantea el gobierno de Alberto Fernández. En medio de la pandemia, bajo las urgencias de la gestión, lo que se está configurando en las Secretarías de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, o de Integración Socio-Urbana del Ministerio de Vivienda y del Hábitat, es un cambio profundo, aunque no se nombra como tal. Se materializa en la designación en el ejecutivo de personas que, hasta su ingreso en las primeras y segundas líneas del organigrama estatal, dirigían, trabajaban o conducían espacios políticos vinculados al mundo popular. La relación del Estado con las organizaciones sociales se establece en y por un Ejecutivo ampliado, un Ejecutivo que ya no es solamente lo que dice su nombre: define políticas de orden general que se preocupan por lo común y participan en la institución de la sociedad, a partir del reconocimiento de su heterogeneidad.
A través del Ejecutivo ampliado, el Estado se va componiendo de trayectorias, saberes y experiencias previas que forman parte de un gobierno que recobra su sentido y su función, en tanto parte esencial de la política democrática. Es una obviedad, pero son esas personas las que animan y mueven la “máquina de expedir”: plantean problemas, hacen propuestas, inician, impulsan o cierran expedientes, promueven reglas, definen recursos que orientan parte del devenir de nuestra sociedad. O sea, cambian las instituciones, mientras las hacen funcionar. Las instituciones no se reducen a procedimientos y reglas, descansan también en un conjunto de prácticas y de tensiones que intentan regular. En tanto delimitan un espacio tejido por las fuerzas que atraviesan lo social, anudadas por personas, entramadas por los lenguajes y los saberes de la ley y de los hábitos, las instituciones pueden mutar, mejorar, democratizar, redefiniendo su lógica de inclusión y exclusión. La entrada de los movimientos en el Estado pone así en movimiento las instituciones mismas, abriendo el horizonte de las transformaciones que comparten el cuerpo a cuerpo entre las organizaciones y el gobierno.
El Estado que incorpora lo social es otro Estado, entonces, aunque parezca el mismo. Es un Estado que se hace otro, que se altera, porque pone en cuestión, desde su función central de gobierno, fronteras jurídicas tan fundamentales como la que se establecen entre lo público y lo privado, para poder organizar la cooperación y producir la solidaridad, con la colaboración antagónica de las organizaciones.
Un Estado en movimiento
Esta alteración del Estado parece provocar por eso cierto desasosiego. Como si hubiera una des-ubicación, un actor que está fuera de lugar. La expresión de este rechazo cabe en una frase: “Las organizaciones sociales no pueden estar de los dos lados del mostrador”. Siguiendo esta metáfora, a las organizaciones les cabría la calle y el barrio, y al personal político “puro”, el Parlamento y los ministerios. Adentro o afuera, no hay alternativa. ¿En el medio? Un “mostrador”. Todo en esta imagen nos parece desacertado. Empezando por el “mostrador”, objeto ideado para una “clientela”, para exponer productos y ser lugar de cobro. Supone una relación vendedor-comprador, imagen que ha contaminado la ciencia política y la comunicación política pero que reduce el poder a una sola de sus formas, la del interés parcial, y el sujeto político a un autómata de la razón utilitarista. Es una imagen interesada que proyecta, de manera consciente o inconsciente, el sentido comercial del lobby empresarial como la única motivación posible de las organizaciones sociales.
La imagen del mostrador sería aplicable, en este sentido, cuando hay una captación por parte de un agente privado, que tiene un beneficio particular, que no trabaja para el bien común. Es el caso cuando empresarios toman espacios del Estado para favorecer su empresa, su enriquecimiento personal, el uso de bienes comunes para una acumulación privada. Esa connivencia es, por supuesto, inadmisible desde la lógica del Estado y su estructura normativa. Pero cuando en el Estado hay actores que, en razón de su pertenencia a movimientos sociales organizados, están vinculados a la defensa del bien común, a la lucha por la justicia social, no hay “mostrador”, hay un actuar conjunto por una causa compartida. Ocurre lo mismo con todos los movimientos sociales, feministas, indigenistas, ambientalistas. Si no logramos establecer esta diferencia, entre actores privados y organizaciones sociales, si no logramos deshacernos del “mostrador”, terminamos confundiendo el avance hacia un nuevo Estado social con el retroceso hacia un Estado clientelar.
Hay otro plano de la incomodidad suscitada por la presencia en el Estado de las organizaciones sociales, relacionado con la política. El concepto de “organización social” permite hacer hincapié en una forma de hacer política: territorializada, en vinculación con lo real de lo social y no solamente con sus representaciones. Aunque las organizaciones puedan divergir sobre sus estrategias, son todas sociales porque están atravesadas por la heterogeneidad de la sociedad y por la voluntad de trasformar sus instituciones a favor de los que menos tienen: todas entienden que para ello es necesario perturbar el equilibrio de las relaciones de fuerzas, todas comparten que eso implica ocupar los territorios del poder, en la presentación política (la calle y el barrio), en la re-presentación política (los cargos electivos), en la decisión sobre los recursos materiales y la normativa (los cargos en el ejecutivo).
¿Es muy distinto a un partido político? No lo sería si no fuera porque los partidos políticos abandonaron en gran medida su anclaje territorial barrial. O sea, si quisiéramos provocar, podríamos hasta sorprendernos por la incomodidad que sugiere la presencia de las organizaciones sociales en el Estado. Tal vez lo que debería sorprendernos es la ausencia de los partidos políticos en los barrios populares. Provocación aparte, es cierto que las organizaciones sociales redistribuyen las competencias políticas y subvierten por eso la división consolidada entre estrategia y táctica, partido y sindicato. Las organizaciones no se limitan a defender intereses parciales, delegando a otros la visión sobre el interés general: en tanto se vinculan a movimientos, quieren pensar y transformar la sociedad, desde una perspectiva sobre el conjunto que acentúa, según el caso, la clase, el género o la relación colonial.
Las organizaciones encarnan, en este sentido, la tendencia contemporánea hacia un “sindicalismo social”, estructuración hibrida que asocia movimientos y sindicatos, renovando las dinámicas de la democracia: esta forma inédita de hacer política permite a la vez ampliar la visión de los sindicatos a todos los aspectos de la vida social y dar a las luchas de los movimientos una incidencia y una continuidad que de otra manera no lograrían alcanzar. Se trata de la expresión actual de las “organizaciones libres del pueblo”, destinadas tanto más a converger en una misma reivindicación democrática, puesta en acción adentro y afuera del Estado, cuanto más se piensan y se quieren efectivamente como parte del pueblo. Desde este punto de vista, haría falta armar una plataforma que permita hacer circular y vincular entre si las problemáticas que conciernen al trabajo, la producción, el género, los pueblos originarios, el ambiente. El Estado social se configuraría así como la síntesis reflexiva de los movimientos, el movimiento de los movimientos.
El no-saber del Estado
La imagen del “mostrador” esconde algo más detrás de su sentido comercial. El Estado no sabe, a priori, en qué situación están los sujetos y menos cuál es el estado de lo social: supone sus necesidades, imagina sus deseos, pero no tiene los dispositivos para conocerlos y entenderlos. El Estado cree saber, el mecanismo mismo de la representación lo conforta en esta ilusión. Y sin embargo, lo social excede su puesta en escena representativa. Lo vimos durante la cuarentena impuesta por el COVID-19. Se “descubrió” que las personas viven de un trabajo, que si no pueden trabajar no pueden vivir y que los que no están en relación de dependencia constituyen cerca de la mitad de la población activa, que los planes sociales eran 550.000, apenas un 5% de los más de 10 millones que solicitaron el Ingreso Familiar de Emergencia.
La imagen del “mostrador” esconde algo más detrás de su sentido comercial. El Estado no sabe, a priori, en qué situación están los sujetos y menos cuál es el estado de lo social: supone sus necesidades, imagina sus deseos, pero no tiene los dispositivos para conocerlos y entenderlos. El Estado cree saber, el mecanismo mismo de la representación lo conforta en esta ilusión.
Las organizaciones sociales develan el no saber del Estado. Este “hallazgo” estaba en efecto documentado por las organizaciones sociales y los dirigentes que impulsan la economía popular. Pero no fue escuchado ni leído. ¿Por qué? Porque todavía la cultura política está anclada en el imaginario de una sociedad homogénea, compuesta de individuos libres e iguales, varones blancos además de propietarios, y por ende más fácil de conocer. En ese imaginario la división del trabajo sería solamente por categorías socio-profesionales y no también por categorías socio-económicas. En esta última concepción lo que define una estructura social son formas entrelazadas de inscripción en las relaciones marcadas por la división del trabajo social: financieras, fiscales, laborales y comerciales además de las relaciones socio-profesionales. Un trabajador de la economía popular en relación a un empleado administrativo o a un obrero de una fábrica, paga más tasa de interés por un crédito, percibe menor remuneración por un trabajo equivalente, está atravesado por los impuestos más regresivos que son los indirectos y está sometido de manera más cruda a los intermediarios comerciales. Estas relaciones agregadas a los territorios que habita, producen una subjetividad específica que implica tomar el sujeto social desde su totalidad y la realidad de las asimetrías y no solamente una dimensión de su inscripción en los procesos de estructuración social.
Esta realidad no la refleja la Encuesta Permanente de Hogares y diríamos que no alcanza con los datos estadísticos, que permiten ver pero no siempre comprender. Para ello es necesario armar nuevos dispositivos que articulen las perspectivas en presencia: el punto de vista de los trabajadores del Estado, de las organizaciones sociales, de los sindicatos, del mundo académico, de la dirigencia política. Cada uno capta una porción de la realidad y su articulación no es un simple efecto acumulativo o de agregación, una simple sumatoria. Su articulación produce un efecto de saber: se sabe “otra cosa” y de “otro modo”.
El Estado, como lo ha destacado el sociólogo Pierre Bourdieu, quiere ser el punto de vista de los puntos de vista. Solo armándose de dispositivos susceptibles de articular las perspectivas sobre lo social puede esta pretensión ser otra cosa que una ilusión. Es otro modo de pensar y realizar la idea de “gobierno de científicos”, no como los que ya saben, sino como los que saben que no-saben y por eso buscan saber, o sea investigan. Es pensar al político como un sujeto supuesto saber que construye un saber sobre el otro, pero con el otro. Un gobierno de científicos así entendido, un gobierno que sabe que el saber se produce, se acumula y se intercambia en los cuerpos vivos de la sociedad, debería caracterizarse, ante todo, por su capacidad de armar dispositivos de escucha: podría recibir así el mensaje de lo social y captar el deseo de lo común que se expresa en y más allá de las demandas. Esta visión constituye en sí-misma una forma radicalmente diferente de Estado, un Estado que incorpora las mediaciones sociales, que logra sostener el antagonismo para volverlo productivo y no destructivo, un Estado que abandona su lisa superficie, para entrar en contacto con la rugosa realidad social.
Los pliegues del Estado
El Estado no es hermético. Es poroso y está lleno de pliegues. Muchas veces estas “impurezas” son criticadas por los obsesivos de los organigramas limpios. Pero toda persona o grupo que tiene que tomar una decisión racional, sea institucionalmente o informalmente, tiene algún dispositivo de escucha: trata de entender la demanda colectiva para pensar la respuesta, trata de elaborar el deseo colectivo para poder gobernar. Los pliegues están, el Estado ya está en la sociedad. Se trata solamente de reconocerlos. Y quien piense que esto lleva a un actuar parcial, tiene razón. Las ambiciones de la democracia exceden la ficción de imparcialidad. El Ejecutivo es el lugar en el cual aparece, de manera estridente, la necesidad de tomar parte. En una democracia al menos los gobiernos son electos y no fruto de un consenso. ¿Sino, cuál sería el sentido de la palabra “alternancia” tan cara a los liberales? ¿Cuál sería el sentido de la idea de transformación, tan importante para las fuerzas progresistas? En política la imparcialidad es la gramática de los conservadores.
En cada uno de esos pliegues hay actores sociales que actúan en, por y para el Estado y que a su vez conservan su necesaria posición de autonomía. Si las organizaciones fueran totalmente absorbidas por el Estado, si se transformaran en engranajes del aparato administrativo, perderían su potencia articuladora, su capacidad de producir saber, para pensar y proyectar transformaciones. A su vez, si el Estado perdiera su capacidad de regulación de conflictos entre sus pliegues, si se volviera un grupo entre otros, siendo absorbido por algunos de ellos, perdería la potencia de producción de lo social, es decir la posibilidad de institucionalizar lo común articulando los conflictos de intereses. El Estado de lo social es esa articulación compleja entre las partes y el todo, la heterogeneidad y lo común. No es pues lo universal legítimo contra lo particular ilegítimo. Es el espacio de la composición de las partes heterogéneas que producen lo común en y por la mediación del conflicto, lo que la tradición peronista define como el núcleo mismo de la “Comunidad Organizada”.
Las ambiciones de la democracia exceden la ficción de imparcialidad. El Ejecutivo es el lugar en el cual aparece, de manera estridente, la necesidad de tomar parte. En una democracia al menos los gobiernos son electos y no fruto de un consenso. ¿Sino, cuál sería el sentido de la palabra “alternancia” tan cara a los liberales? ¿Cuál sería el sentido de la idea de transformación, tan importante para las fuerzas progresistas? En política la imparcialidad es la gramática de los conservadores.
Crear y transformar instituciones según este modelo dista del proceso tradicional de producción de una política pública que se rige según el esquema lineal impuesto por la representación, fruto de la escisión entre público y privado: el Presidente como figura super partes que tutela el buen funcionamiento de una Constitución que asigna al Parlamento la función suprema de elaborar las leyes que el poder ejecutivo tendrá que concretar. La pandemia acaba de mostrar, una vez más, el desfasaje entre esta puesta en escena y la realidad efectiva. Aunque el derecho lo reconozca o no, la democracia como forma de vida funciona más bien por un circuito permanente entre sociedad y Estado, organizaciones y gobierno, en el cual no paran de procesarse necesidades y deseos, experiencias y saberes. En esta dinámica de interacción que cuestiona la separación entre un adentro y un afuera, estamos más cerca de lo que preferimos llamar “acción instituyente”, es decir: un actuar entre actores estatales y sociales para la producción de bienes comunes que incorpora a su propio proceso la reflexividad social. Es este proceso el que permite poner la política en el sendero de una transformación social que, además de lograr solucionar efectivamente problemas, pueda producir un efecto de sentido en la sociedad, en tanto expresa y amplifica su propia potencia instituyente.
Porque instituir implica necesariamente producir un sentido. Sin un horizonte de sentido, las reglas que ordenan las prácticas tienen destino de hoja muerta. La institución es más que un sistema de reglas: su función principal es repartir lo sensible, para producir un mundo común, un mundo de sentido anclado en la historia y abierto al futuro. La obligación es por eso constitutiva de toda institución, es lo que la caracteriza en su capacidad de trazar las fronteras del mundo. La acción transformadora de las organizaciones sociales da cuenta de la centralidad de la obligación. Si bien deben su impulso a la circulación de los afectos, los movimientos buscan transformar el derecho, para incorporar en las reglas que definen y rigen las relaciones sociales, que determinan los principios de inclusión y exclusión, el deseo de lo común que atraviesa los sujetos. En el fondo, toda institución, en tanto hace posible la cooperación en la solidaridad, descansa, como lo ha puesto en evidencia Marcel Mauss, en la lógica del don, pues relanza hacia el futuro una deuda social reconocida desde el pasado. Ahí esta la fuente de la obligación. El Estado de lo social se hace cargo de esta deuda infinita, organiza nuevas mediaciones para devolverle a los grupos lo que la sociedad les debe, en forma de derechos sociales. Esta búsqueda de justicia social sostiene el conflicto que anima la democracia porque asume en las deudas reconocidas la fuente del destino compartido.
El Estado social post-pandemia deberá darse, por supuesto, los medios para sus contra-dones. La redistribución basada en impuestos a las clases más favorecidas, esta forma moderna del sacrificio, si bien necesaria, ya no alcanza para cerrar una brecha que se parece cada vez más a un abismo. Hará falta constituir una alianza del trabajo y de la producción. Un trabajo ampliado, irreductible al empleo. La perspectiva de la economía popular nos empuja a incluir todas las actividades que generan saber y sostienen los lazos sociales, empezando por el trabajo del cuidado. Y una producción social, consciente de su función en el despliegue de otra idea de desarrollo, entendido no como aumento indefinido de los bienes, si no como expansión creciente de la vida colectiva. Solo a través de este nuevo bloque histórico podrá volver a tomar forma una nación solidaria en la que todas las partes del pueblo puedan sentarse a la misma mesa y gozar de la riqueza producida en común.
