Desde las reformas del Estado en la década del 90 comenzó a instalarse la idea de una “nueva gestión pública” que se presentaba como una modalidad de aggiornamiento de los procedimientos burocráticos tradicionales y de “modernización” de las relaciones laborales en el sector público. El sustrato de esta perspectiva conducía a la asimilación lineal de los criterios empresariales al ámbito del Estado, omitiendo su especificidad, e incluyendo fuertemente la flexbilización de las condiciones de trabajo y de empleo de los trabajadores y trabajadoras estatales.
Con la asunción del nuevo gobierno de Mauricio Macri retornó la pretensión de “modernizar el Estado” a la medida de un proyecto de características neoliberales, cuyos promotores provienen en gran parte de gerencias empresariales. Según el Observatorio de las Elites Argentinas, un 31% de sus funcionarios de alto rango fueron CEOS o gerentes en el sector privado.
La reactivación de la ola managerial se cristalizó en la creación de un Ministerio de Modernización que debutó con el despido de 11.000 trabajadores en los primeros meses, la estigmatización de los empleados públicos e iniciativas tales como “definición de dotaciones óptimas”, y cláusulas de presentismo y productividad en los organismos estatales.
La plantilla estatal suele ser objeto de sospecha para las gestiones entrantes, ya sea por supuesta filiación partidaria o por supuesta ineficiencia. Los cambios de signo político en los gobiernos activan el temor entre los trabajadores y trabajadoras. Un antecedente cercano sucedió con la llegada al gobierno de la Alianza en 1999 cuando acusados de menemistas muchos trabajadores contratados fueron despedidos. La Constitución Nacional quiso protegerlos de esas vulneraciones resguardando su estabilidad en el artículo 14 bis, pero el andamiaje jurídico de las reformas noventistas, eludiendo esas protecciones, abrió la puerta a diversas modalidades precarias de contratación, muchas de las cuales negaban incluso el vínculo laboral.
La plantilla estatal suele ser objeto de sospecha para las gestiones entrantes, ya sea por supuesta filiación partidaria o por supuesta ineficiencia. Los cambios de signo político en los gobiernos activan el temor entre los trabajadores y trabajadoras.
La década de gobiernos kirchneristas mejoró muchas de las condiciones de trabajo de los estatales pero no logró revertir ese proceso. En diciembre de 2015 aún quedaba una gran cantidad de trabajadores con vinculaciones precarias que fueron, y aún son, una presa fácil de los “ceses de contratos”.
Mi trabajo son tus derechos
Las consecuencias de los despidos en el sector público tienen una significación que desborda el drama de la pérdida del puesto de trabajo y alcanza e implica directamente al conjunto de la sociedad.
Un cartel que se volvió consigna durante las primeras cesantías logra sintetizar lo que está en juego: “Mi trabajo son tus derechos”. Los despidos se solapan con el objetivo de vaciar un conjunto de políticas públicas que se contraponen a la cosmovisión gobernante en torno al Estado, su rol en la economía, en la construcción de sentidos y en la memoria colectiva.
Un rápido repaso por tres casos recientes ilustra esta situación con elocuencia: en enero de este año se conocieron 258 despidos en el INTI, un organismo que se dedica, entre otras cosas, a la promoción de las Pymes y al control de la calidad de muchos procesos y productos industriales de consumo cotidiano. En los mismos días fueron desvinculados 150 trabajadores del Hospital Posadas, entre ellos médicos, con las obvias consecuencias sobre la salud pública. Finalmente, a fines de junio se terminaron de liquidar los 14 postítulos virtuales del programa Nacional de Formación Permanente del Ministerio de Educación, que dejó varias centenas de tutores especializados sin empleo y a decenas de miles de docentes de todo el país sin formación permanente.La situación remite a lo que podría ser una actualizaciónrenovada de la máxima del exministro menemista Roberto Dromi: “Nada de lo que deba hacer el Estado permanecerá en manos del Estado”.
Los efectos de la política macrista se grafican bien en el video de una trabajadora de la agencia estatal de noticias Télam que se viralizó por estos días: “Yo voté a Macri, no tengo ninguna ideología K …, nunca hice un paro y me echaron”.
Un cartel que se volvió consigna durante las primeras cesantías logra sintetizar lo que está en juego: “Mi trabajo son tus derechos”. Los despidos se solapan con el objetivo de vaciar un conjunto de políticas públicas que se contraponen a la cosmovisión gobernante en torno al Estado.
Termina por invertirse la carga de la prueba: son los despedidos quienes deben dar cuenta de las funciones que cumplen, primero explicando que no son ñoquis, para luego abjurar de kirchnerismo. Se logra así naturalizar, incluso entre los propios damnificados, que adscribir a una expresión política constituye un problema y una razón justificable para el despido.
En su versión más complaciente sobre los empleados públicos, Mauricio Macri, aclara: “La mayoría no son ñoquis, van a su trabajo pero miran el reloj para que pase el día porque no tienen nada que hacer”. En un país plagado de necesidades insatisfechas, los trabajadores responden: “No sobran trabajadores, lo que faltan son políticas”.
Parte de los argumentos esgrimidos para legitimar las desvinculaciones es la supuesta explosión del empleo público en la última década. Sin embargo, observando algunos datos podemos dudar de esa justificación. A partir de la salida de la convertibilidad en 2002 el empleo total creció considerablemente. En un trabajo publicado en la revista Bordes de la UNPAZ se muestra que entre 2002 y 2015 el crecimiento del empleo registrado en el sector privado fue del 86% mientras que el empleo público registrado en todos sus niveles (municipal, provincial y nacional) se incrementó un 58%, proceso que además debe considerarse en relación a las funciones estatales que durante esta etapa se fueron ampliando sustancialmente. Por otra parte, un documento del CIPPEC señala que el gobierno nacional explica sólo el 17% de ese incremento, siendo las provincias las mayores propulsoras, con el 51%.
En un país plagado de necesidades insatisfechas, los trabajadores responden: “No sobran trabajadores, lo que faltan son políticas”.
El argumento de la “grasa militante” oculta una contracara mucho más onerosa para las arcas públicas. Como se desprende del seguimiento diario del boletín oficial que realiza el economista de la Universidad de Rosario, Sergio Arelovich, desde 2016 se nombraron cerca de 5000 nuevos cargos públicos con alta remuneración a un ritmo sostenido.Un estudio de CIFRA-CTA complementa esta información: “La cantidad de empleados registrados en el conjunto de las jurisdicciones de nivel nacional, provincial y municipal tuvo un aumento de 2,5% en 2016 y de 1,2% en 2017. El crecimiento tuvo lugar, paradójicamente, tras un proceso importante de despidos y suspensiones de contratos a inicios de 2016, de modo que se explica por nuevas incorporaciones realizadas tras ese proceso. Al menos hasta ahora, la estrategia del reemplazo ocupó un lugar significativo.[vc_column][vc_single_image image=»2621″ img_size=»large» alignment=»center»]
Paritaria cero
En los últimos días de junio, cientos de científicos del Conicet volvieron a tomar pacíficamente el Ministerio de Ciencia porque se pretendía excluir a los becarios de la irrisoria actualización salarial del 15%. La acción colectiva de las organizaciones de trabajadores pudo evitar esta situación. Más difícil resulta en otras áreas como los medios públicos, donde tuvieron que tolerar paritarias cero para mantener sus puestos de trabajo.
El citado informe de CIFRA-CTA señala que para el promedio del sector público (administración nacional, enseñanza y salud de jurisdicción nacional y provinciales) la caída de poder adquisitivo resultó mayor que para el sector privado, y para abril de 2018 el poder de compra resultó 11,2% inferior al de noviembre de 2015.
En estos días, el acuerdo con elFMI inspira un nuevo decreto de “control de gastos” que acaba de publicar el Ejecutivo, mediante el cual, entre otras medidas, se congelan por dos años los ingresos a la planta estatal (como ya hizo Menem habilitando la precarización del empleo público); se eliminan los convenios con las Universidades y, en consecuencia, los puestos de miles de trabajadores tercerizados; y “se revisan” las estructuras de los entes descentralizados y de sociedades del Estado. Télam, una de ellas, oficia de botón de muestra.En contraposición al discurso oficial, las reducciones de planta y de las remuneraciones no resultarían tan determinantes del presupuesto público. Según Arelovich, durante el año 2017 el impacto de los salarios y contribuciones en el gasto corriente fue del orden del 13,7 por ciento. A su vez, del total de recursos destinados a salarios por parte del Estado Nacional solo el 33% está dirigido a los cargos de la Administración Pública donde se han dado la mayoría de los recortes (CETyD-UNSAM).
El acuerdo con el FMI anticipa un futuro aún más complicado para los trabajadores del sector estatal. Una de las estrategias propuestas para ajustar $200.000 millones del gasto público es limitar la suba nominal de los salarios del sector público al 8% entre junio de 2018 y junio de 2019.
Los detalles conocidos a mediados de julio sobre el acuerdo con el FMI anuncian un futuro aún más complicado para los trabajadores del sector estatal. Una de las estrategias propuestas para ajustar $200.000 millones del gasto público además de una evidente reducción de empleos, es “limitar la suba nominal de los salarios del sector público al 8% entre junio de 2018 y junio de 2019”. En un contexto inflacionario cuyo piso rondará el 30% para el año en curso, la posibilidad de un proceso de virtual inviabilidad salarial para los estatales no parece ser un escenario impensable, y seguramente agudizará la conflictividad en el sector que como muestra el Observatorio del Derecho Social (ODS-CTA) ya creció un 17% en el último año.
*Politólogo, investigador y docente de UNSAM-CONICET.
