Este 12 de noviembre comenzó una Gran Huelga General convocada por las mayores organizaciones sindicales y sociales de Chile, como parte de la gran movilización que se inició hace tres semanas. Como indicó Karol Morales, en la Nación Trabajadora, lo que se encendió no fue un mero reclamo por un alza de pasajes en el metro de Santiago, sino un grito desarticulado, desde todos los lugares, contra la precarización de la vida que se instaló como nuestra normalidad.
Si bien desde la década de los 30 hasta inicios de los 70 Chile se encaminaba, con cierta continuidad, hacia un creciente Estado de Bienestar, incluso considerando gobiernos de derecha e izquierda, el Golpe Militar y la dictadura de Augusto Pinochet marcaron un corte violento en este proceso. En efecto, la dictadura de Pinochet, como ha señalado el sociólogo Tomás Moulian (1996), si bien primero fue una dictadura contrarevolucionaria, prontamente se instala como dictadura revolucionaria, encarnando lo que sería una “revolución neoliberal”. El propio Milton Friedman llegó a asesorar al dictador en pleno 1975. Fue así que, mediante diversas reformas, Pinochet buscó transformar la economía, el Estado y la sociedad, bajo los principios neoliberales propuestos por Hayek, Friedman y Buchanan entre otros. Estas reformas suponían diversas medidas todas marcadas por el sello de la privatización de lo público y la individualización y precarización de los derechos sociales.
Así, por un lado se buscó transformar el conjunto de la acción pública promoviendo la provisión privada de servicios públicos, especialmente en las áreas de salud, educación, previsión social y políticas sociales, delegando al Estado a un rol subsidiario. Por otro, se generó un profundo debilitamiento de los derechos laborales impulsando la desregulación del trabajo y debilitando radicalmente los modos de organización colectiva. Esta ‘modernización’ tuvo el sello de poner al Estado, a los servicios públicos, al trabajo e, incluso, a los recursos naturales, al servicio de la ‘iniciativa privada’, con el argumento de que a través de estas medidas se dinamizaría la economía, brindando crecimiento económico, y, por lo tanto, beneficiando al total del país.
En el Chile de hoy, la precariedad laboral es la norma. Más de un 78% de la fuerza laboral se puede llegar a movilizar, voluntaria o involuntariamente, en un plazo de sólo 18 meses (Henríquez y Uribe-Echeverría, 2004). La mayor parte de los nuevos empleos de los últimos ocho años (60,2%) han sido ‘por cuenta propia’ y bajo la forma de ‘asalariado externo’, es decir, a través de subcontrato, suministro de trabajadores y/o ‘enganche’ (Fundación Sol, 2018; INE, 2017). Además, el 40,5% del total de los actualmente ocupados están vinculados laboralmente mediante formas contractuales que no están asociadas a ninguna legislación laboral (contrato de prestación de servicios y otros), quedando sin protección legal. Cabe señalar que, a pesar de que los trabajadores estables pueden formar sindicatos, la legislación debilita las capacidades negociadoras y no permite la negociación ramal.
La mayor parte de los nuevos empleos de los últimos ocho años (60,2%) han sido ‘por cuenta propia’ y bajo la forma de ‘asalariado externo’, es decir, a través de subcontrato, suministro de trabajadores y/o ‘enganche’. Además, el 40,5% del total de los actualmente ocupados están vinculados laboralmente mediante formas contractuales que no están asociadas a ninguna legislación laboral.
La precarización de la vida se expresa y sostiene no sólo por la inestabilidad y falta protección laboral, sino también por la privatización e individualización de la seguridad social.
Por ley, los asalariados están obligados a ahorrar para sus pensiones en la AFPs (Administradoras de Fondos de Pensiones) que no sólo mal administran ahorros individuales usándolos para especulación bursáltil y otras inversiones, sino que, además, cobran una importante comisión por ello que supera el 1% del salario de cada trabajador. Estas comisiones supuestamente son para pagar el funcionamiento de la administradora, sin embargo han asegurado continuos aumentos de utilidades para estas empresas. Así, durante sólo los primeros tres meses de este 2019, sus utilidades fueron de 196 millones de dólares, (un 100% de aumento en relación al mismo período del año anterior). El aumento abultado de utilidades ha sido una constante en el sistema que al mismo tiempo genera pensiones de pobreza.
Más de la mitad de las pensiones otorgadas por las AFPs en febrero de 2019 para trabajadores con más de 20 años de cotizaciones ininterrumpidas fue de $243.603 (US$ 300 aprox.), en un país en el cual el costo de la vida es alto (Fundación Sol, 2019). Si consideramos que la Línea de la Pobreza para una familia compuesta por dos personas se sitúa en $268.692, según cifras del Ministerio de Desarrollo Social de 2019, podemos apreciar que más de la mitad de las personas que han tenido cotizaciones ininterrumpidas por más de 20 años tienen pensiones de pobreza, aun cuando pertenezcan al segmento población con mayor estabilidad y seguridad laboral reflejada en sus cotizaciones interrumpidas. Si se considera el total de la población, la situación es más dramática: el 50% de las 125 mil personas que jubilaron en 2018 obtuvieron una pensión autofinanciada inferior a $48.000 (es decir US$ 67), según datos de Fundación Sol. Sobre esto, el Estado genera una transferencia para alcanzar la pensión mínima ($122.000) que se paga a través de la misma AFP. Hoy, en Chile, la tasa más alta de suicidios es precisamente entre los mayores de 80 años. La precariedad y la vergüenza de haber trabajado toda una vida y no poder sustentarse están detrás.
Si consideramos que la Línea de la Pobreza para una familia compuesta por dos personas se sitúa en $268.692 (Ministerio de Desarrollo Social, 2019), podemos apreciar que más de la mitad de las personas que han tenido cotizaciones ininterrumpidas por más de 20 años, tienen pensiones de pobreza, aun cuando pertenezcan al segmento población con mayor estabilidad y seguridad laboral.
El derecho a la salud también se ha convertido en otro servicio individualizado, fuertemente privatizado, convertido en un seguro individual de salud a través de las llamadas ISaPres (Instituciones de Salud Previsional). Este sistema, al operar como seguro, genera utilidades con aquellos que no requieren atenciones de salud (el trabajador joven), lo que dificulta y encarece el acceso incluso para el mismo trabajador y su familia cuando, a mayor edad, sí lo requieren. Si bien existe una alternativa estatal (FONASA), ésta mantiene la lógica de un seguro privado que bonifica las prestaciones que recibe el ‘cliente’, quien escoge entre prestadores privados y públicos según su poder adquisitivo. Esto, en el contexto de un constante empobrecimiento y precarización de la red de prestación propiamente pública. Por ello Rotarou & Sakellariou (2017), han señalado al sistema de salud chileno, en su conjunto, como un sistema que produce desigualdad al crear desventajas estructurales precisamente para quienes más lo necesitan.
Todo esto se conjuga con una serie de otros elementos que se han constituido en nuestra normalidad. Entre estos tenemos, un sistema educativo fuertemente privatizado, con prestadores privados de servicios educativos financiados por el Estado, sistema caracterizado por ser segregador y orientado a la generación de resultados en pruebas estandarizadas de aprendizaje más que a la formación de niñas y niños, autoritario en su propia organización y altamente punitivo (López, Ramírez, Valdés, Ascorra, & Carrasco-Aguilar, 2018), lo que se ha incrementado durante el último gobierno. A la vez, todos los servicios básicos están privatizados bajo sistemas de concesión que garantizan relevantes utilidades para los propietarios, lo que se ha reflejado en precios elevados en relación a los salarios.
Sumado a lo anterior, las grandes empresas han apelado a la colusión (acuerdo entre dos o más partes para limitar la competencia) para fijar precios a productos de primera necesidad con el fin de aumentar sus ganancias (por ejemplo farmacias, empresas productoras de papel higiénico, empresas productoras de pollos, y supermercados, entre otras); colusiones que, si bien son tipificadas como delito, son sancionadas con multas exiguas en comparación a las mismas ganancias que generaron esas colusiones. Junto a ello, también ha sido una constante la privatización de los recursos naturales bajo condiciones ampliamente beneficiosas para las empresas privadas ( por ejemplo, el caso del litio o de la pesca), privatización del agua a costa de comunidades rurales y consumo humano, declaración de zonas de sacrificio habitadas por comunidades para la instalación de empresas altamente contaminantes, entre tantas otras situaciones.
La percepción de que Chile es un país para empresarios se acrecienta al considerar las constantes condonaciones de deudas tributarias multimillonarias a grandes empresas , cuando para el ciudadano una evasión tributaria menor puede implicar cárcel, así como a empresarios, entre ellos al propio Presidente de la República, que durante 30 años no pagó contribuciones por una de sus propiedades más queridas, lo que podría haber implicado embargo, pero en su caso fue más bien una importante rebaja. Estos beneficios del Estado van precisamente a los empresarios que tienden a idear complejas estrategias para eludir el pago de impuestos.
También ha sido una constante la privatización de los recursos naturales bajo condiciones ampliamente beneficiosas para las empresas privadas ( por ejemplo, el caso del litio o de la pesca), privatización del agua a costa de comunidades rurales y consumo humano, declaración de zonas de sacrificio, habitadas por comunidades, para la instalación de empresas altamente contaminantes.
Todo esto ha ocurrido en el marco de la instalación de prácticas de financiamiento a la política por parte de las grandes empresas, sea a través del patrocinio de campañas o incluso mediante el pago de mensualidades a parlamentarios bajo el concepto de ‘asesorías profesionales’, a cambio de favorecerlas en la redacción y votación de leyes. Esto no sólo ha sido algo público y conocido, sino que fue amparado por los entes persecutores gracias a un acuerdo entre poder político y fiscalía, tal como recientemente lo denunció un fiscal que, en su momento, estuvo a cargo de la investigación.
Estas son sólo unas pequeñas muestras que permiten ilustrar un contexto en el cual, nosotras y nosotros, como habitantes de este Chile contemporáneo, vivimos la precarización de nuestras vidas. Una precarización propiciada activamente por una serie de mecanismos legales y también por prácticas protegidas y sustentadas institucionalmente, orientadas al beneficio de los grandes capitales a costa de nuestras vidas.
El que esto ocurra está intrínsicamente ligado y sostenido por la actual Constitución de la República de Chile.
La precarización de la vida como una cuestión constitucional
En efecto, la Constitución aprobada en 1980 por el dictador, si bien ha sido reformada a lo largo de diversas legislaturas desde 1989 hasta ahora, nunca vio afectados los elementos basales de la organización social y de la concepción de Estado que instala. El capítulo III, referido a los Derechos y Deberes Constitucionales, notablemente muestra la instalación de un Estado subsidiario, en que la iniciativa de la ‘prestación’ de los derechos sociales reside en el privado, siendo el Estado más bien un ente financiador y regulador, y el ciudadano, el responsable individual por ejercer o no su ‘derecho’, que se traduce literalmente en “libertad para escoger”. Asimismo, se prohíbe al Estado ejercer cualquier actividad empresarial o de prestación de algún servicio, a no ser que una ley con quorum calificado señale lo contrario.
Esta misma Constitución limita fuertemente el derecho a huelga, así como la negociación colectiva, debilitando la posibilidad de la fuerza de trabajo de tener una mejor posición frente al capital. Por otro lado, garantiza la libertad de emprendimiento, dejando a la empresa privada el lucrativo negocio de la prestación de servicios públicos financiados estatalmente. En coherencia, el derecho a propiedad cobra preponderancia. Esto es llevado al extremo de garantizar la propiedad privada del agua, entre otros.
Esta misma Constitución limita fuertemente el derecho a huelga, así como la negociación colectiva, debilitando la posibilidad de la fuerza de trabajo de tener una mejor posición frente al capital. Por otro lado, garantiza la libertad de emprendimiento, dejando a la empresa privada el lucrativo negocio de la prestación de servicios públicos financiados estatalmente.
La llamada “Carta Fundamental”, también establece un ente, el Tribunal Constitucional, que se preocupa de que todas las acciones que ocurren en el país no se aparten de su letra, pudiendo actuar sobre acciones individuales y/o colectivas, sobre iniciativas legislativas -aunque cuenten con la mayoría del Congreso-, e incluso presidenciales. Así, se instala como el máximo tribunal del país. Las posibilidades de cambio de esta Constitución también están salvaguardadas por la necesidad de quorum de 3/5 o 2/3 del Parlamento, lo que obliga a un acuerdo transversal que supere ampliamente la mayoría del Congreso. Esto ha imposibilitado reformas estructurales, sosteniendo un orden social y una forma de Estado que reduce al ciudadano a un consumidor, precarizado, con derechos limitados, pero “libre de elegir” entre las opciones que proponga el empresariado, un empresariado coludido entre sí, así como con el poder político.
Hoy, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la mayor parte de las y los chilenos que llegan a tener el “privilegio” de tener un trabajo formal obtienen salarios menores a $400.000 (cerca de US$ 560) al mes. La línea de la pobreza para una familia promedio de cuatro personas supone un ingreso de $430.763, es decir, US$ 600 aprox. (Fundación Sol, 2018). Entonces, la mayor parte de los trabajadores chilenos con empleo formal no obtienen un salario suficiente para sostener a una familia por sobre la línea de la pobreza. De este modo, se hace comprensible el alto nivel de endeudamiento que padece la población chilena. Para tener atención de salud, hay que pagar, incluso en el sistema público. Para educarse, sobre todo en los niveles terciarios, hay que pagar, a eso se suman los gastos en vivienda, transporte y alimentación. Por ello es normal que las personas paguen en el supermercado, el pan y las verduras, en 10 cuotas mensuales o más. Unas once millones de personas están endeudadas y 4.6 millones son morosas. En efecto, los salarios no alcanzan para el costo de la vida y, por ello, el trabajo sin fin, con empleos y horas extras y la deuda, son la única manera de llegar a fin de mes para más de la mitad de la población.
Por ello no es raro que, según el Índice de Pobreza Multidimensional, más del 20% de la población viva en la pobreza (Ministerio de Desarrollo Social, 2018), lo que contraría el relato del Banco Mundial y de otros promotores del modelo chileno. Según un informe recientemente publicado por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Chile se ha constituido en uno de los países más desiguales de la región: “mientras que el 50% de los hogares menos favorecidos tenía, en 2017, solo un 2,1% de la riqueza neta del país, el 10% más rico concentraba dos terceras partes (66,5%) y el 1% más rico el 26,5%”.
Es este el contexto en el cual el alza a los pasajes del metro de Santiago se transforma en ‘la gota que rebalsó el vaso’. No es raro que hayan sido los estudiantes secundarios quienes iniciaron esto. La Ley “Aula Segura”, orientada a reforzar el autoritarismo al interior de las comunidades educativas expulsando a estudiantes que no cumplieran con lo esperado por el o la directora, sin instancias de apelación, activaron el malestar estudiantil durante todo este año. Fueron ellas y ellos quienes saltaron los torniquetes del metro, rechazando el autoritarismo con el cual se impone un orden social privatizador y precarizador. La represión que fue ejercida ese día contra los estudiantes encendió la mecha que hasta ahora no se apaga, de un pueblo luchando contra la precarización de la vida garantizada por la Constitución y los acuerdos de las elites empresariales y políticas.
Según un informe recientemente publicado por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Chile se ha constituido en uno de los países más desiguales de la región: “mientras que el 50% de los hogares menos favorecidos tenía, en 2017, solo un 2,1% de la riqueza neta del país, el 10% más rico concentraba dos terceras partes (66,5%) y el 1% más rico el 26,5%”.
Huelga, movilización callejera, cabildos: la inteligencia rizomática del Chile constituyente
Esta columna la cierro en segunda persona singular, interpelando al Presidente de la República.
Durante estas tres semanas, primero nos declaraste la guerra, señalando que tu enemigo -nosotros- éramos un enemigo grande y poderoso. Efectivamente, tenías razón. Sacaste los militares a la calle, gaseaste y disparaste a nuestras niñas y niños, a nuestros ancianos, más de 20 muertos, 2000 heridos, 200 personas cegadas por tus balas a los ojos, más de 250 personas torturadas, incluyendo vejaciones sexuales… y a pesar de todo, aquí estamos. Son tres semanas… Y seguimos… marchando, reuniéndonos asambleariamente… creando algo nuevo que ni siquiera sospechábamos.
Tu respuesta fue, primero, una falsa agenda social en la que frente a la precarización de la vida nos proponías más individualización y privatización de los derechos sociales, y te dijimos que NO. Volvimos a salir a la calle, más de un millón y medio de personas te dijo que tu agenda social no era la respuesta. Y tú hiciste oídos sordos, y, por el contrario, dijiste ridículamente que la marcha demandaba la realización de tu agenda social. La calle volvió a salir. Y tú aumentaste tu represión. Hasta que hace pocos días proclamaste una agenda de seguridad que le daría mayores atribuciones a la policía que viola derechos humanos. Y la calle volvió a salir. En realidad, durante estas tres semanas nunca dejamos de salir.
La movilización no tiene cabezas ni convocantes claros. En algún momento pensamos que eso era un problema… hoy creo que no. Tu enemigo es grande y poderoso… Y hoy ha adquirido una cierta inteligencia rizomática que incluye la construcción de formas de movilización y de deliberación que han emergido en todos los rincones de nuestra sociedad durante estos treinta años de postdictadura. Las organizaciones de trabajadores subcontratados y a honorarios ya nos enseñaron que es posible organizarse desde la precariedad y desde formas de organización prescritas de carácter individualizado. Asambleas deliberantes las vimos en los movimientos secundarios del llamado pingüinazo del 2006, cuando en las escuelas y liceos más pobres de todo Chile nuestras y nuestros estudiantes secundarios comenzaron no sólo a discutir de sus necesidades más urgentes, sino que llegaron a desafiar la propia Constitución de la República como responsable del orden social y educacional, generando, hace 13 años, desde las escuelas más pobres del país, propuestas constituyentes. Los colectivos de trabajadores que poco a poco han ido instalando al espacio asambleario como autoridad última, también nos han enseñado diseños políticos posibles.
Hoy en todo Chile se hacen cabildos. Las voces y opiniones que fluyen en este espacio más racional y argumentativo reconocen a la movilización en toda su forma, desde la manifestación pacífica, hasta al encapuchado, pues éste es capaz de mantener a raya a la fuerza represiva para que podamos marchar. Y en este espacio deliberativo se levanta cuáles deben ser los principios de la nueva Constitución y cómo debe hacerse. Y son miles de cabildos repartidos por todo Chile organizados en plazas, clubes deportivos, juntas de vecinos. Nadie tiene la cuenta, pues son autoconvocados.
Y nuevamente llegas tarde, Sebastian Piñera, Presidente de la República. El domingo 10 de noviembre, a altas horas de la noche, tu Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló que el conglomerado de gobierno que te apoya ha acordado convocar a un Congreso Constituyente que propondrá una Nueva Constitución que será plebiscitada. No lo explicaste muy bien. A estas horas, no queda claro si serán los parlamentarios actuales que definirán una nueva Constitución o será un nuevo parlamento. Sin embargo, de inmediato se te respondió a través de redes sociales #AsambleaConstituyenteoNADA!
Hoy estaremos en Huelga General. Y es una huelga que demanda Asamblea Constituyente. Las organizaciones de trabajadores y otras organizaciones sociales, por primera vez en 30 años logran la articulación suficiente para hacer una gran huelga general que es por un nuevo Chile.
Quizás creíste, como algunos políticos e investigadores sociales, que la precarización de la vida articulada con una fuerte narrativa individualizante y orientada enaltecer el consumo y el emprendimiento individual, nos había desarticulado. Más de algún investigador indicó que este Chile se caracterizaba por una individualización asocial, y que esto no permitiría ningún tipo de articulación colectiva con un horizonte societal. Pero estaban equivocados. Aquí estamos… y esto se venía construyendo por debajo desde hace mucho tiempo… a pulso… y hoy sí nos hemos convertido, y en esto tenías razón, en un enemigo grande y poderoso.
*Vicente Sisto. Psicólogo Social. Profesor Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Investigador Principal Centro de Investigación para la Educación Inclusiva (Proyecto CONICYT PIA/CIE 160009) e Investigador Adjunto Centro Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder.
