Foto: Esteban Felix / AP
Hace sólo algunas semanas el presidente del gobierno chileno, Sebastián Piñera, declaraba en un programa de televisión que, en medio de una América Latina convulsionada, Chile era un oasis con una democracia estable. ¿Cómo se explica que apenas unos días después decretara el Estado de Excepción, llegando a afirmar: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, el metro, los supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible”?
Tal como se ha difundido ampliamente, el alza de la tarifa del metro -el principal medio de transporte público en la capital- sumada a las insultantes declaraciones de los ministros de gobierno en torno a las necesidades sociales, fueron la gota que colmó el vaso.
“No son 30 pesos, son 30 años” reza uno de los múltiples virales compartidos por redes sociales, en referencia a los 30 pesos de aumento del pasaje de metro, versus los 30 años de “transición a la democracia” pactada en el Plebiscito de Reforma a la Constitución de 1989 entre partidos políticos (todos menos el Partido Comunista, todavía ilegalizado) y el régimen militar. Es precisamente esa democracia pactada, tutelada y amarrada a los pilares dictatoriales consagrados en la Constitución pinochetista aún vigente en el país la causa del enorme malestar contenido que ahora explota con una fuerza inusitada.
La superexplotación de la fuerza de trabajo, con bajos salarios sostenidos por la negación de la negociación colectiva sectorial y el derecho a huelga efectiva; la privatización de los recursos naturales y el caso único en el mundo en que el agua es un bien privado; la inexistencia de un sistema de seguridad social que se expresa en la administración privada y lucrativa de los ahorros individuales para pensiones vía AFP (Administradoras de Fondos de Pensión) ; el desmantelamiento de la educación pública y la enorme deuda educativa para acceder a la educación superior, son algunos de esos pilares dictatoriales sostenidos y profundizados por los gobiernos del duopolio, que dan como resultado un Chile con índices macroeconómicos que lo sitúan en el club de los países de altos ingresos, pero con una enorme y dolorosa desigualdad. En este Chile, el 1% más rico concentra el 33% de las riquezas del país (Fundación Sol, 2017) mientras que al 27,8% de los chilenos no les alcanzan sus ingresos para comprar alimentos (OCDE, 2014). Las consecuencias a nivel individual son dramáticas: los niños menores de 6 años tienen la peor salud mental del mundo (El Mercurio, 15.08.2018),somos el cuarto país de América con mayores trastornos de depresión y ansiedad (OMS, 2017) y los adultos mayores presentan las mayores tasas de suicidio del país.
Es precisamente esa democracia pactada, tutelada y amarrada a los pilares dictatoriales consagrados en la constitución pinochetista aún vigente en el país la causa del enorme malestar contenido que ahora explota con una fuerza inusitada.
Pero esto no es todo. La desigualdad no es sólo económica, sino que también jurídica. La consolidación progresiva de una justicia para pobres y para ricos queda expresada una y otra vez en los continuos “perdonazos” tributarios y penas irrisorias a la elite empresarial y política. Sólo por mencionar los casos más connotados, en abril de 2019 los dueños del holding Penta, culpables de fraude al fisco por $1700 millones y financiamiento ilegal de la política, fueron condenados a asistir a clases de ética. Del mismo modo, ninguno de los condenados por las colusiones empresariales de las farmacias, el papel higiénico, o los pollos recibió pena de cárcel, sino solo multas mucho menores a las ganancias obtenidas del delito. Lo mismo pasó con los políticos involucrados en financiamiento ilegal de la política, el último de ellos, Pablo Longueira (UDI) fue sobreseído. Y un poco antes, con el hijo del presidente de uno de los principales partidos de la derecha (Carlos Larraín, de RN), que atropelló a un hombre y huyó del lugar dejándolo morir, crimen por el que ni siquiera llegó a ser condenado. La figura del presidente de la República refleja mejor que nadie esta realidad: un empresario que ha hecho su fortuna a costa de evasión tributaria y que jamás ha pagado por ello.
Un último ingrediente para encender la mecha: la desidia de los ministros de gobierno por las necesidades de la población, recurrente y sostenida en los dos años de este Ejecutivo, a través de declaraciones públicas que ponen de manifiesto que viven en otro Chile. La afirmación del Ministro de Economía frente al alza del metro: “Quien madrugue puede ser beneficiado con una tarifa más baja” en una ciudad donde llegar al trabajo puede demorar 2 horas, es una más en una larga lista de bofetadas constantes a la tolerancia humana.
El hilo histórico es pingüino
Y entonces comenzaron las evasiones del metro por parte de los estudiantes secundarios, los mismos actores que en la Revolución Pingüina de 2006 y el movimiento estudiantil de 2011 fueron los protagonistas de las primeras protestas que luego se extendieron a amplios sectores de la población. Las evasiones se multiplicaron, y los estudiantes nuevamente lograron concitar el apoyo de una ciudadanía que veía, cansada, cómo persiste el aumento del costo de vida y cómo desde el gobierno se aplica una doble vara: la evasión de la gente común es un delito y la de ellos un problema ético. Entonces cuando el gobierno fue más allá y decretó el Estado de Excepción por esas evasiones, Chile se cansó. La protesta se multiplicó y extendió a todas las regiones del país en rechazo a esa violencia estructural, cotidiana, en una manifestación generalizada de Basta Ya. Por eso, cuando al día siguiente Piñera suspendió el alza del metro mientras mantenía a los militares en la calle, la medida ya era insuficiente, tardía. Ya se trataba de otra cosa.
Las protestas de estos días expresan la rabia acumulada por tanto tiempo, y por todo. Es una rabia contra el abuso, contra la injusticia cotidiana y contra la frustración del bienestar que se supone nos traería el consumo, pero que no llega, porque lo cierto es que “el modelo” solo se sostiene sobre la base de una enorme presión constante sobre los trabajadores y las familias que se endeudan para satisfacer las necesidades más básicas. Tal como lo afirma la académica Kathya Araujo en una entrevista para la BBC, la presión ya era demasiada, y sólo podía estallar: “Las elites apretaron la tuerca demasiado”.
La protesta se multiplicó y extendió a todas las regiones del país en rechazo a esa violencia estructural, cotidiana, en una manifestación generalizada de Basta Ya. Por eso, cuando al día siguiente Piñera suspendió el alza del metro, mientras mantenía a los militares en la calle, la medida ya era insuficiente, tardía. Ya se trataba de otra cosa.
La deslegitimación de la autoridad del Estado se manifiesta hoy con el desacato del toque de queda, donde los barrios siguieron en pie manifestando el rechazo a la militarización y a la criminalización de la protesta social. Y en ese sentido, parece una luz de esperanza que de esta crisis se puede salir dando un paso adelante hacia una mayor justicia social.
También puede ser lo contrario. La protesta popular es desorganizada, como lo es la explosión de la rabia. No tiene una dirección clara, ni un programa reivindicativo, y ningún actor político, ni siquiera los partidos de izquierda tradicionales (Partido Comunista) o nuevos (Frente Amplio), están legitimados para erigirse en representantes de ese malestar.
Lo más preocupante es que el manejo de la crisis por parte de las élites – ya sea por incapacidad o por voluntad activa – busca crear un escenario de caos y de construcción de un “enemigo interno” como fantasma y justificación para el actuar belicista, en aras del restablecimiento del orden público como objetivo superior al que subordinar cualquiera otra legítima demanda popular. Las declaraciones de Piñera afirmando “estamos en guerra” no pueden ser más elocuentes de esta voluntad de terminar la protesta popular por la fuerza. En esa línea nuevamente los medios de comunicación masiva hacen una contribución inestimable con el énfasis exclusivo en los saqueos y la propagación de la sensación de inseguridad en los propios barrios, alimentando la versión oficialista del conflicto. El resultado previsible de insistir por esta vía es una situación política nacional en donde la ultraderecha sale fortalecida, y se desactiva la crisis estructural, al menos temporalmente, con un saldo elevado de víctimas mortales.
Estamos en el cuarto día de las protestas masivas, y la convulsión no parece todavía tener una dirección clara. Está todo por definirse todavía. Las convocatorias a movilizarse por parte de los estudiantes y la coordinadora 8M, las huelgas que ya están en curso por parte de los trabajadores portuarios y sectores mineros, los llamados a paros sectoriales y generales en los sucesivos días serán determinantes en el curso de los hechos.
Lo más preocupante es que el manejo de la crisis por parte de las élites – ya sea por incapacidad o por voluntad activa – busca crear un escenario de caos y de construcción de un “enemigo interno” como fantasma y justificación para el actuar belicista, en aras del restablecimiento del orden público como objetivo superior al que subordinar cualquiera otra legítima demanda popular.
Los actores constituidos y que han protagonizado las demandas estructurales de la población en los últimos años, como el movimiento por las pensiones, por la educación pública, por la salud, por la recuperación del agua, entre otros, tienen la posibilidad de erigirse en los representantes legitimados socialmente para abordar un programa mínimo y una hoja de ruta, junto a las fuerzas políticas anti neoliberales, que permita una salida hacia una mayor justicia social, o en otras palabras, a terminar con la herencia dictatorial. Si seremos capaces de avanzar hacia allá, todavía está por verse.
(*) Psicóloga Social, activista Movimiento No+AFP de Chile
