El año 2020 arrancó amargo para los trabajadores uruguayos. El primer día del mes de marzo comenzó un nuevo gobierno que puso fin a un proceso de 15 años del Frente Amplio (FA) que en línea con los denominados gobiernos pos neoliberales de la región se caracterizó por políticas más redistributivas. Allí, del otro lado del Río de la Plata, los primeros casos de Covid-19 se confirmaron el 13 de marzo.
El linaje presidencial actual innova en la generación pero perdura en el apellido y en las ideas. Luis Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional, llegó a la presidencia tras un balotaje sumamente ajustado, que le exigió una alianza electoral con todo el espectro político a la derecha del Frente Amplio (FA). El escaso margen de 37mil votos que alcanzó para conquistar el poder ejecutivo no resulta suficiente, según la politóloga Rosario Queirolo, para consagrar un giro a la derecha en la sociedad uruguaya, dividida en mitades.
Sin embargo, la presencia histórica de representación parlamentaria de la ultraderecha, ligada con militares, que consiguió un 11% de las preferencias electorales enciende algunas alarmas.
Los movimientos políticos uruguayos son, por lo general, menos sísmicos de lo que acostumbramos al oeste del Río de la Plata. Múltiples factores contribuyen a su ritmo más pausado, como cierta institucionalidad arraigada que contiene las fuerzas en tensión.
Entre los primeros pasos en la versión renovada de Lacalle, se cuenta un ajuste de tarifas de los servicios públicos -estatales en su mayoría- y un proceso devaluatorio con impacto en el registro inflacionario.
A los pocos días de iniciado el mes de abril, el gobierno envío al congreso una Ley de Urgente Consideración (LUC), que obliga a tratarla dentro del plazo de 90 días, y que supone un verdadero programa de gobierno con casi quinientos artículos. Desde la oposición política y social denuncian un conjunto de retrocesos para los sectores populares. El paquete incluye cláusulas que habilitan la privatización de recursos estratégicos de empresas públicas, autolimitaciones fiscales, ajustes punitivistas del Código Penal, pérdida de representación gremial en órganos de decisorios de la educación y limitaciones del derecho de huelga y de piquetes. Fernando Gambera, referente de la central de trabajadores única de Uruguay, PIT-CNT, la califica como una “ley ómnibus” pero muy parecida a un tren.
A los pocos días de iniciado el mes de abril, el gobierno envío al congreso una Ley de Urgente Consideración (LUC), que obliga a tratarla dentro del plazo de 90 días, y que supone un verdadero programa de gobierno con casi quinientos artículos. Desde la oposición política y social denuncian un conjunto de retrocesos para los sectores populares.
Si bien Uruguay no se encuentra -todavía- frente a un drama sanitario como el que asola a Brasil y comienza a acechar al AMBA en la Argentina, el desarrollo del coronavirus tiene impacto en una economía que se contrae drásticamente. En el país oriental no hay cuarentena obligatoria. Existe exhortación al distanciamiento social, interrupción de clases (que lentamente se reestablecen) y solo suspensión definitiva de aquellas actividades que implican reuniones masivas. Sin embargo, la actividad económica acusó el golpe y las consecuencias sociales fueron masivas e inmediatas, fundamentalmente para los sectores informales, y quienes viven del día a día. La escena social se complejiza con alrededor de 200.000 trabajadores en el seguro de paro, y unos 400.000 entre informales y precarizados, sobre una Población Económicamente Activa (PEA) que apenas supera el 1.600.000. La pobreza medida por hogares, que descendió sistemáticamente desde un 24,2% en 2006, encontró un piso de 5,2% en 2017 y una leve subida desde entonces que rozó el 6% en 2019. Otros indicadores sociales y laborales muestran un derrotero similar, según el Instituto Nacional de Estadísticas del Uruguay (INE).
Con mayor o menor intensidad, en los distintos países la pandemia pone de manifiesto y agrava desigualdades preexistentes. Las reacciones y políticas de los gobiernos en materia económica y social (aunque también sanitaria en ocasiones) marcan diferencias que se inscriben en sus cosmovisiones precedentes. La experiencia uruguaya, con escala y sus condiciones particulares, muestra un relativo éxito (siempre provisorio) en el control de la propagación del virus. La narrativa oficial lo atribuye casi exclusivamente a la “libertad responsable” de los ciudadanos (y al temor al señalamiento público, suma el presidente) que opone conceptualmente a la regulación estatal. Sobre el mismo sistema de creencias se estructura la estrategia de salida: subsidios a los emprendedores que generen empleos y tributo extraordinario sobre los salarios de los funcionarios públicos de medios a altos, como contracara a la propuesta del impuesto a los grandes patrimonios. La fórmula es conocida, “no es el Estado el que saca adelante esto sino el particular” señaló Lacalle Pou en una larga charla reciente con Mario Vargas Llosa en la Fundación Libertad. La tensión no se presenta entonces entre salud y economía sino entre Estado y mercado. La energía gubernamental se concentra en generar la confianza para promover inversiones.
La fórmula es conocida, “no es el Estado el que saca adelante esto sino el particular” señaló Lacalle Pou en una larga charla reciente con Mario Vargas Llosa en la Fundación Libertad. La tensión no se presenta entonces entre salud y economía sino entre Estado y mercado.
La Intersocial de la pandemia
La crisis social actual emparda a la del año 2002, muy presente en la memoria rioplatense. El gran indicador es el pulular de merenderos y ollas populares que sorprendió a unos y otros por su magnitud y extensión. Uno de sus efectos inmediatos fue la activación de los anticuerpos de importantes sectores del campo popular, con la central sindical a la cabeza: “Enseguida leímos que había que intentar liderar y gestar una instancia que nucleara y que articulara a todo ese movimiento social, y lanzamos la idea de la Intersocial”, cuenta Gambera.
Además de la central, la Intersocial la componen la Federación de Estudiantes del Uruguay, la Intersocial feminista, la Federación de cooperativas de vivienda, y muchas otras organizaciones y colectivos sociales. La instancia de articulación consensuó un programa de 12 puntos, el primero y más urgente reclama una renta transitoria de emergencia, especialmente dirigida a las personas con mayor vulnerabilidad y trabajadores y trabajadoras informales; además de políticas que garanticen los puestos de trabajo, el sostenimiento de la negociación colectiva, el control de precios sobre los bienes de la canasta básica, y una canasta energética que garantice acceso a los servicios públicos, entre otros. La Intersocial constituye un punto de referencia hacia una articulación más sistemática y orgánica que, en línea con algunos debates que se dio la CGT entre 2016 y 2019, parece orientarse a saldar el hiato entre el sindicalismo histórico y los trabajadores de la economía popular.
Una pregunta interpela a las organizaciones del campo laboral y social a escala global ¿Cómo promover demandas y reivindicaciones en un contexto de pandemia cuando la fuerza vital de una organización es la puesta en acto de la acción colectiva? La movilización y la visibilidad de los reclamos, sin romper las indicaciones sanitarias, parecen obturarse si no se desafía un repertorio clásico o establecido.
La Intersocial constituye un punto de referencia hacia una articulación más sistemática y orgánica que, en línea con algunos debates que se dio la CGT entre 2016 y 2019, parece orientarse a saldar el hiato entre el sindicalismo histórico y los trabajadores de la economía popular.
Tres momentos señalan el recorrido que vienen ensayando las organizaciones en el Uruguay: el último primero de mayo, realizaron una caravana automovilística que le imprimió gran visibilidad al “único día verdaderamente universal de la humanidad entera” como supo decir Eduardo Galeano.
El mojón siguiente fue un paro general parcial (de media jornada) el 4 de junio, acompañado de una gran movilización frente al Palacio Legislativo. Una prueba y una muestra de profunda organización. La noche del 3 de junio, un conjunto de militantes se dedicó a pintar grandes puntos blancos a lo largo y ancho de la amplia avenida frente al congreso. Cada punto, a distancia de dos metros del siguiente, indicaba a cada manifestante un lugar sanitariamente previsto para expresar su descontento. Así lo hicieron, y así lo mostraron los drones que recorrieron el flujo quieto de los trabajadores fijos y movilizados.
Un último episodio fue el 27 de junio. Motorizada por la Intersocial y el PIT-CNT una multitudinaria caravana de automóviles y gente de a pie recordó los 47 años del golpe militar y de la Huelga General que el movimiento obrero declaró como respuesta inmediata a la clausura del congreso por parte de las fuerzas armadas y del presidente Juan María Bordaberry. Las consignas por “verdad y justicia” ancladas en la memoria colectiva se mezclaron con los llamados de atención sobre el futuro, el “NO A LA LUC” compartía banderas y tapabocas con el “Nunca Más”.
La noche del 3 de junio, un conjunto de militantes se dedicó a pintar grandes puntos blancos a lo largo y ancho de la amplia avenida frente al congreso. Cada punto, a distancia de dos metros del siguiente, indicaba a cada manifestante un lugar sanitariamente previsto para expresar su descontento. Así lo mostraron los drones que recorrieron el flujo quieto de los trabajadores fijos y movilizados.
Estos acontecimientos condensan la articulación y activación de una organización popular ampliada, “algo que no supimos hacer durante los gobiernos del FA” reflexiona críticamente Gambera. Las etapas defensivas, en ocasiones, aportan la dosis de lucidez y voluntad necesaria para hacer justicia a la fórmula distributiva que proclamó José Artigas en su célebre Reglamento de Tierras de 1815: “Con prevención de que los más infelices serán los más privilegiados”.
Mientras se busca rearmar la trama deshilachada y heterogénea de los sectores del trabajo con distanciamiento físico se acortan los tiempos sociales de las necesidades acuciantes, en eso están los orientales.
