Puede que Bolivia sea el único país de Sudamérica en el que la fuerza de la política plebeya es tan vasta que solo depende de sí misma. Atributo divino, no hay condición superior, se da el lujo de que los errores sean propios, pero también de que las soluciones lo sean, de modo que allí es posible pensar un núcleo de lo que acontece. Claro que no es lo mismo si se amotina la policía que si no, si la cúpula militar se abstiene o sugiere, si la clase media urbana se moviliza o no, si el imperialismo interviene si o si (y realmente opera sin descanso). Sin embargo, son gravitaciones sobre una causa madre que late con otro pulso.
Para el siglo XX, Zavaleta Mercado sostenía que lo que ocurría en Bolivia pasaba por los campamentos mineros o no pasaba, las cosas podían suceder pero no acontecían hasta tanto no eran vividas, procesadas, digeridas por el sindicalismo minero, por ello el golpe del 64 militarizó los socavones, por ello el neoliberalismo buscó privatizar los recursos estañíferos, porque así también desestructuraría el “centralismo proletario”, que comenzó su diáspora.
El año 2000, y a partir de la irrupción de la “guerra del agua”, puede leerse como el reemplazamiento estructural de la centralidad de la política plebeya. De hecho, se hablaba de su “retorno”. Desde entonces, la nueva fuerza ya no será primeramente obrera sino un mosaico heterogéneo de organizaciones populares capaces de cimentar una voluntad política común.
Para el siglo XX, Zavaleta Mercado sostenía que lo que ocurría en Bolivia pasaba por los campamentos mineros o no pasaba, las cosas podían suceder pero no acontecían hasta tanto no eran procesadas por el sindicalismo minero.
Hay tres tensiones centrales al momento de atisbar por dónde podría jugarse la deriva de la hora actual. En términos regionales, el golpe de Estado se ha soportado en la movilización de las clases medias urbanas y de algunos departamentos de la “media luna” como Santa Cruz, aunque también en cierta medida del occidente como Potosí. En medio de la rebelión del “oriente” en el complicado año 2008, Evo Morales tuvo un respaldo de oro en el campo. Por entonces dispuso un referéndum en el cual puso en juego su presidencia, y triunfó con el 68% de los votos. El electorado rural representaba el 53,5% del total nacional, y allí el binomio presidencial obtuvo un apoyo del 92,8%, incluso ganó en 44 de los 60 distritos que componían la “media luna”, casi todos del área rural. Habría que ver entonces cómo se dirime la situación en ese espacio vital, y también en una ciudad “híbrida” como el Alto, frente a la movilización citadina pero también de cara a antiguas “compañeras de ruta” que hoy no tienen el protagonismo de antaño, como la Confederación Indígena del Oriente Boliviano.
El año 2000, a partir de la irrupción de la “guerra del agua”, puede leerse como el reemplazamiento estructural de la centralidad de la política plebeya. De hecho, se hablaba de su “retorno”. Desde entonces, la nueva fuerza ya no será primeramente obrera sino un mosaico heterogéneo de organizaciones populares capaces de cimentar una voluntad política común.
Otra dimensión es ideológico-política. Los 20 años prontos a cumplir del actual ciclo político supusieron convertir a Bolivia en un país plurinacional de derecho, en el que la mayoría indígena-campesina se incorporó a la trama misma de la sociedad política, y el Evo fue un indígena en el poder. El conjunto de la Bolivia plebeya reconoce la nueva constitución plurinacional como propia, dado que por primera vez en la historia no viene de afuera ni de arriba, sino que se asemeja a la ley de la tierra (más allá de cuan efectivo estuviese siendo el grado de participación y representación de las organizaciones territoriales en la esfera institucional-estatal durante el masismo). De allí que no parecería factible que ningún gobierno haga pie si no asume esa realidad. De allí que el revanchismo de los golpistas pronto este mutando por el miedo a las consecuencias que les despierta su propio racismo desembozado.
En resumen: existe una cultura política indígena-campesina que ha asumido su lugar central en el país y su derecho a transformarla en voluntad estatal, la cual puede quedar en suspenso pero nunca desaparecer.
Los 20 años prontos a cumplir del actual ciclo político supusieron convertir a Bolivia en un país plurinacional de derecho, en el que la mayoría indígena-campesina se incorporó a la trama misma de la sociedad política, y el Evo fue un indígena en el poder.
Un último punto remite a las tensiones de clase. Estos años han visto crecer una proporción de la población que en la era neoliberal fue excluida de los beneficios de la generación de riquezas del país, y aunque es evidente que el evismo no dio por tierra un sistema que produce desigualdad en esencia, sí reposicionó al Estado como palanca económica y distribuyó sus frutos. En este punto, la sola mención del flamante ministro de economía -que ni se antoja interino- de una necesaria “apertura del mercado” de corte neoliberal, indica hasta qué punto es posible echar por tierra la equidad de la bonanza colectiva, y la crispación que más temprano que tarde eso puede despertar (aunque recordemos que la ecuación bienestar material igual implicación política está lejos de ser unidireccional).
En resumen: existe una cultura política indígena-campesina que ha asumido su lugar central en el país y su derecho a transformarla en voluntad estatal, la cual puede quedar en suspenso pero nunca desaparecer.
Ahora bien, tras el golpe de Estado, el componente central es político-organizativo, y apunta a las posibilidades de constituir, de volver a enhebrar, en el tiempo que fuera, un bloque popular homogéneo que procese y active las tensiones reseñadas. El pacto de unidad, en tanto articulación organizativa, voluntad común y unidad de proyecto, en el que se reflejaba el archipiélago de las organizaciones indígeno-campesinas duró hasta la promulgación de la constitución, en el año 2009. Desde entonces la política cupular, centrada en el MAS y su peso eleccionario, fue trazando dos líneas divergentes entre la política de Estado y la acción colectiva de algunos movimientos. Nadie niega que las organizaciones tienen sus repliegues corporativos, tensiones entre sí, demandas particulares, pero el comando que inevitablemente ejercía el partido de gobierno lo hacía responsable primero de esa amalgama necesaria.
La protesta de los ponchos rojos aymaras y de la ciudadanía alteña, la activación de las federaciones cocaleras de Cochabamba, todavía aguardan la recreación de una movilización masiva, en medio de un terreno marcado por las negociaciones y la horrible militarización. El Pacto de Unidad volvió al ruedo y lanzó un Manifiesto de Lucha al Pueblo Boliviano el 14 de noviembre, y sería deseable que logre sobrepasar la debilidad organizativa, el retraimiento articulatorio y el carácter fragmentario, que arrastra.
Digámoslo nuevamente, una clave del proceso parece jugarse en vislumbrar el modo en cómo la nueva coyuntura golpista da pie a suspender o procesar las distancias que pudieran existir en el bloque nacional-popular, plebeyo, porque todo indica que se lo necesita entero a la hora de sostener un proyecto antagónico. De ser así, podría reeditarse esa virtuosa mixtura que giraba en torno al territorio, la ruta, la calle y las urnas. Es elemental, asimismo, que se restablezca plenamente la democracia representativa como canal de acceso a la institucionalidad-política, y en ese campo Evo Morales deberá calibrar si es o no es el conductor indicado. La cuestión en un momento tan urgente es si el MAS puede recrear su marca de origen, porque su nombre también era “Instrumento político de la soberanía de los pueblos”, es decir, la expresión ejecutiva de la potencia de la sociedad civil organizada.
Una clave del proceso parece jugarse en vislumbrar el modo en cómo la nueva coyuntura golpista da pie a suspender o procesar las distancias que pudieran existir en el bloque nacional-popular, plebeyo, porque todo indica que se lo necesita entero a la hora de sostener un proyecto antagónico.
* Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en Geopolítica por la Universidad de París 8. Es investigador del Conicet. Integra el Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
