Son las 6 de la mañana y es momento de rezar. Comenzar el día agradeciendo a Alá y pidiendo por la familia, que al otro lado del continente aguarda el día en que se vuelvan a ver. Un día más de trabajo, de vuelta a la rutina, al sol, a las calles, es momento de generar un poco de dinero para solventar un almuerzo, la cena, una remesa para la familia que vive en Senegal, y si sobra algo de plata, guardarlo, porque no toda la vida se puede trabajar en la calle y un vendedor ambulante no tiene jubilación, y si es migrante senegalés difícilmente pueda acceder a ese derecho, difícilmente pueda acceder al DNI.
Los días se están volviendo difíciles en la Argentina. La pérdida de trabajo y la inflación están generando un deterioro social que impacta directamente en los sectores más pobres. Y cuando eso pasa el miedo se hace cuerpo y reproduce. Busca un chivo expiatorio. No es difícil encontrarlos, están en las calles, tienen la piel oscura, no hablan el idioma y últimamente se los ha visto en el suelo, esposados, arriba de un patrullero, solo por el hecho de defender su fuente laboral. La forma de supervivencia que encontraron para las autoridades es una contravención.
Lo que para los senegaleses es una forma de supervivencia, para las autoridades es una contravención, una infracción que puede decantar en delito. Muchas veces los detienen de forma arbitraria, incumpliendo los debidos procedimientos y usando lenguaje racista.
¿De qué modo las prácticas de control estatal son contestadas por sectores migrantes senegaleses en articulación con otros grupos sociales en Argentina? Repasemos los diferentes episodios de violencia institucional hacia estos migrantes que trabajan en la vía pública y cómo se produce la incipiente organización de estos trabajadores.
Argentina ha sido siempre un lugar de destino de migrantes de países limítrofes y en las últimas décadas se ha ido produciendo un flujo migratorio de países extra regionales, entre los que se encuentran los senegaleses. Es así como el país emerge entonces como un destino migratorio posible donde las diferencias culturales son contrapuestas con un imaginario de país europeizado de fácil acceso y permanencia, con una legislación migratoria flexible desde 2004 que posibilita la realización de su proyecto migratorio de acuerdo con sus propias lógicas de movilidad.
Para la comunidad senegalesa que migra a la Argentina una regla importante para la concreción de su proyecto de vida es asentarse de forma temporaria en un espacio donde los riesgos se minimicen. Los primeros migrantes senegaleses que llegaron a La Plata para trabajar en la venta ambulante tenían una cierta percepción de la ciudad y sus habitantes –ligada a buen lugar para vivir y trabajar- lo cual parecía indicar un espacio sin riesgos. Pero con el paso de los años esta percepción fue cambiando y La Plata comenzó a vivirse como un lugar de peligro, producto del trato racista de los agentes de Control Urbano y la Policía bonaerense.
Los primeros casos -de conocimiento público- de abuso de autoridad contra los migrantes senegaleses datan del 2011: robo de maletines donde los migrantes llevan la mercadería (en la mayoría de las veces la sustracción se realiza sin la elaboración del acta contravencional correspondiente y sin testigos), el pedido de coimas y el hostigamiento por parte de la policía y los agentes de Control Urbano. Con el aumento de la migración senegalesa a la ciudad esto ha empeorado la situación: se realizan más operativos con mayor violencia y en algunos casos con la presencia de la Dirección Nacional de Migraciones, de AFIP y del Ministerio de Trabajo Provincial.
A partir de ese año los “operativos” semanales de Control Urbano se hicieron cada vez más frecuentes, lo que se evidenció en su contraparte: la disminución paulatina a fines de marzo de 2012 de puestos fijos de vendedores senegaleses armados en las veredas y el aumento del carácter ambulante de su venta.
En junio de 2012 ocurrió otro episodio de violencia y abuso de poder por parte de personal municipal hacia estos vendedores. En esta ocasión estos agentes retuvieron a ocho chicos senegaleses. Personas no identificadas como agentes municipales se bajaron de un camión cargando palos y los golpearon. Los jóvenes fueron al hospital, pero no recibieron la atención médica correspondiente. En declaraciones posteriores, las victimas afirmaron que se trataba de barras bravas de un club de fútbol local que fueron contratados por la municipalidad.
Con el aumento de la migración senegalesa a la ciudad de la Plata, ha empeorado la situación: se realizan más operativos con mayor violencia y en algunos casos con la presencia de la Dirección Nacional de Migraciones, de AFIP y del Ministerio de Trabajo Provincial.
Los episodios de retención de vendedores y decomiso de maletines aumentaron considerablemente desde fines de junio hasta mediados de agosto de 2012. Hubo un caso importante para destacar -ocurrido el 9 de agosto de 2012- en el que unos policías detuvieron a un chico senegalés que regresaba a su casa a la noche luego de trabajar, le apuntaron desde el patrullero en marcha con un arma de fuego, y le insistieron para que se detuviera porque estaban buscando a dos chicos senegaleses que se les habían escapado, uno de ellos con remera roja. El chico les dijo que él no tenía remera roja –y por tanto no era él a quien buscaban-, a lo que los policías respondieron que no les importaba porque para ellos “son todos iguales”.
Nuevamente se ponen de relieve los estereotipos que circulan entre los policías que a su vez dotan de sentido y parecerían legitimar su accionar violento -desde lo concreto y lo simbólico- así como su abuso de poder.
Desde 2016, luego del cambio político de gestión del municipio, volvieron a ocurrir diversos episodios.
A mediados de 2017 los senegaleses comienzan los trámites para organizar una asociación propia que pueda dar respuestas a las problemáticas locales y se constituya como un interlocutor válido ante los diferentes organismos estatales con los cuales interactúan.
En 2018, a raíz de los incrementos de los operativos de control urbano en la ciudad de La Plata, y un nuevo caso de violencia institucional ejercido contra un vendedor senegalés, la Coordinadora Migrante y la Consejería para Migrantes (un espacio de trabajo con migrantes en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata) convocan a organizaciones de derechos humanos, a funcionarios, académicos, estudiantes universitarios y a migrantes a una reunión para establecer medidas colectivas para frenar los atropellos por parte de control urbano y la policía. En esa primera reunión estuvieron presentes miembros de la ASLP. A partir de ese momento se conforma la Asamblea por los Derechos de los Trabajadores Migrantes, la cual tuvo reuniones periódicas durante el resto de ese año para llevar adelante diferentes estrategias.
A mediados de 2017 los senegaleses comienzan los trámites para organizar una asociación propia que pueda dar respuestas a las problemáticas locales y sea un interlocutor válido para los diferentes organismos estatales con los cuales interactúan.
Varios fueron los ejes de trabajo que emergen con la Asamblea. Por un lado, los talleres sobre los derechos de los migrantes senegaleses, a cargo de un abogado participante de la Asamblea, en los que se abordaron la ley de migraciones, el impacto del DNU 70/17, el derecho a la protesta, la ordenanza municipal que prohíbe la venta ambulante, y el proceso de regularización migratoria, entre otros contenidos. Por otro lado, la Asamblea se abocó a la tarea de crear un protocolo contra las detenciones a migrantes trabajadores, que fue presentado de forma pública en un evento celebrado el 12 de septiembre en la puerta del rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. Allí los referentes de la asociación, junto a otros trabajadores migrantes,tomaron la palabra y comentaron las violencias que estaban sufriendo y los motivos por los cuales arribaron a Argentina.
“El mensaje que quiero transmitir a la municipalidad o el intendente es que sabemos nuestros derechos. Hay compañeros abogados que nos enseñan lo que es la Constitución de este país y los derechos que tenemos por ser inmigrantes y los derechos que tienen que cumplir ellos en los operativos. Sabemos que el control urbano que viene a buscarnos a nosotros no cumple nada de eso cuando va contra nosotros. El mensaje que quiero dar es que ellos sepan que nosotros conocemos nuestros derechos, y estamos esperando que ellos hagan su trabajo como deben, y que no lo hagan por ser más fuertes que nosotros, por ser policías o ser argentinos. (…) Sabemos que la policía no tiene que discriminarnos”, sostuvo Cheikh, un miembro de la asociación.
El 31 de octubre de 2018 en la ciudad de La Plata se realiza una marcha para repudiar el Nuevo Código de Convivencia que quería ser implementado por la actual gestión administrativa de la ciudad. En ese marco, la población senegalesa local participa por primera vez de forma masiva en esta ciudad en una marcha. Allí los senegaleses nuevamente toman la palabra, hablan con los medios de comunicación y explican por qué esa reglamentación era regresiva y perjudicaba al colectivo migratorio.
El mensaje que quiero dar es que ellos sepan que nosotros conocemos nuestros derechos, y estamos esperando que ellos hagan su trabajo como deben, y que no lo hagan por ser más fuertes que nosotros, por ser policías o ser argentinos. (…) Sabemos que la policía no tiene que discriminarnos”, sostuvo Cheikh, un miembro de la asociación.
[vc_column][vc_single_image image=»3498″ img_size=»large»]“Queremos tranquilidad y trabajar como corresponde. Por ejemplo, a mí me encantaría estar en mi país y ser el presidente (ríe), pero me tocó venir a Argentina para luchar, no vengo a Argentina para robar. Acá en La Plata somos pocos, hoy día estamos sufriendo bastante violencia acá en La Plata, estamos sufriendo el control urbano y la policía local, encima si detienen a los chicos, los llevan a la comisaría y les arman causas por vendedor ambulante. No es un delito, es una infracción, ser vendedor ambulante todos saben que no es un delito”, explicó Alioune, vicepresidente de ASLP.
Cheikh, por su parte, sostuvo: “Lo que más nos gusta a nosotros es que mantengamos el lugar, porque mejor en otro lugar no vamos a estar. Nosotros lo único que queremos es estar trabajando y ganándonos la vida nada más, no queremos nada que sea ilegal (…) sabemos que no podemos estar en la calle ¿Pero si dejamos la calle a dónde nos vamos? ¿Y de qué vamos a vivir? Nosotros también estamos dispuestos, si hace falta a pagar impuestos, como siempre dicen ‘que estos negros no pagan impuestos’… Estamos dispuestos a pagar lo que corresponde a lo que hacemos y si lo ponen lo pagamos”.
“Queremos tranquilidad y trabajar como corresponde. Por ejemplo, a mí me encantaría estar en mi país y ser el presidente (ríe), pero me tocó venir a Argentina para luchar, no vengo a Argentina para robar”, explicó Alioune, vicepresidente de ASLP.
Los operativos volvieron a ser frecuentes en el verano de 2019. En muchos de los casos la gente que observa estos hechos se solidariza. Incluso filman lo sucedido, algo que ha sido fundamental en los momentos posteriores a la detención de los trabajadores senegaleses ya que se evita así que las detenciones se caratulen por “resistencia a la autoridad”, algo que podría comenzar en la elaboración de un expediente y terminar con la expulsión del detenido (1).
(1) Este procedimiento es una de las consecuencias de la implementación del DNU 70/2017 que modifica drásticamente a la LEY 25.871.
Bernarda Zubrzycki es licenciada en Antropología y doctora en Ciencias Naturales (orientación Antropología) por la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Grupo de Investigaciones sobre Migraciones Africanas en Argentina.
Juan Carlos Quesquén Rodríguez es miembro de la Coordinadora Migrante y Consejería para Migrantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata.
