La iniciación del nuevo gobierno de la unidad peronista vino acompañada de una serie de definiciones que abren oportunidades a cambios sustantivos en la economía y la estructura productiva. El discurso inaugural frente a la Asamblea Legislativa de Alberto Fernández incluyó importantes conceptos, anuncios y una línea transversal muy clara: la prioridad es el hambre, pero “los marginados y excluidos de nuestra Patria, los afectados por la cultura del descarte, no sólo necesitan que le demos con premura un pedazo de pan al pie de nuestra mesa. Necesitan ser parte y ser comensales en la misma mesa”. En este marco, el presidente electo habló de las economías familiares asfixiadas por la crisis, los jubilados, los que menos tienen, y mencionó un sector clave que hasta el momento había estado ausente en anteriores discursos presidenciales: los trabajadores de la economía popular.
En Argentina, casi el 35% de los trabajadores está en situación de informalidad. Si bien esta cifra creció bastante durante la gestión macrista, desde hace varios años se viene consolidando en torno a un tercio de los trabajadores del país, agravándose entre mujeres y particularmente entre jóvenes.
En un contexto global donde crece la industria del conocimiento y el trabajo productivo tiende a achicarse por los avances de la tecnología y la información, sobran motivos para creer que por las características de nuestro país el empleo informal es un problema estructural. El mercado de trabajo formal no tiene en el corto y mediano plazo la capacidad de absorber a una parte importante de la población.
Bajo estas condiciones surge la economía popular; un sector de la estructura productiva conformado por los trabajadores que, excluidos del mercado formal, crean sus propias fuentes de trabajo y redes de comercialización. Desde vendedores ambulantes, feriantes, cartoneros, cooperativistas, albañiles, cuidacoches, pileteros y cortadores de pasto, hasta trabajadores socio comunitarios que sostienen comedores y merenderos. Incluye también las tareas de cuidado, que recaen mayoritariamente sobre mujeres, las más perjudicadas por este sistema de exclusión.
Por las características de nuestro país el empleo informal es un problema estructural. El mercado de trabajo formal no tiene en el corto y mediano plazo la capacidad de absorber a una parte importante de la población.
Entendiendo que el fenómeno de la economía popular es un eje estratégico y trascendental en Argentina, en el año 2011 se crea la CTEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, con el objetivo de canalizar estas demandas y llevar a cabo una política de estímulo y fortalecimiento de este sector. Surge como una alianza estratégica entre organizaciones y movimientos políticos de espectros ideológicos muy diversos, pero con un claro objetivo en común: la institucionalización de esta forma de economía.
A partir de la creación de la CTEP, la lucha de los trabajadores de la economía popular comenzó a abrirse camino con un intenso trabajo de organización y articulación y a fuerza de movilizaciones populares y presencia en las calles. La discusión fue marginada tanto por parte de los sectores más conservadores como desde el progresismo y el peronismo (que en ese momento era Gobierno), que planteaba que si el modelo económico funcionaba todos los trabajadores deberían estar en el mercado de trabajo formal y registrado. Sin embargo, los datos indican que el empleo informal siguió creciendo de manera sostenida, y no solo no se atendieron las demandas estructurales de este sector sino que tampoco se llevaron a cabo medidas paliativas para atender las necesidades urgentes.
Durante el Gobierno de Macri, con la fuerte contracción económica, el sector de la economía popular crece cuantitativamente de forma muy abrupta, no sólo porque nuevos trabajadores empiezan a quedar excluidos del mercado formal de trabajo, sino también porque surgen nuevas demandas entre los sectores populares y muchos trabajadores (y sobre todo trabajadoras) comienzan a volcarse a las tareas sociocomunitarias en los comedores y merenderos de los barrios. Este crecimiento cuantitativo vino acompañado de un crecimiento cualitativo; la CTEP se consolida como un actor de alta visibilidad en la vida política, especialmente a partir de la sanción de la Ley de Emergencia Social, una ley aprobada en el Congreso de la Nación casi por unanimidad y que condensó un amplio acuerdo entre organizaciones sociales, sectores políticos y del movimiento obrero. La ley creó el Salario Social Complementario (SSC), un ingreso por parte del Estado que equivale a la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil para trabajadores de la economía popular. Esto significó un triunfo no solo en términos materiales, sino también simbólicos: el SSC no es un “plan social”, sino que lleva el nombre de salario porque reivindica a los destinatarios como trabajadores y trabajadoras. Se reemplaza la figura del desocupado que está temporalmente sin trabajo o con un trabajo precario por la figura de trabajador de la economía popular, un sector consolidado, con demandas propias y potencial de constituirse como un actor económico que disputa las lógicas del mercado.
La CTEP se consolida como un actor de alta visibilidad en la vida política, especialmente a partir de la sanción de la Ley de Emergencia Social, aprobada en el Congreso de la Nación casi por unanimidad y que condensó un amplio acuerdo entre organizaciones sociales, sectores políticos y del movimiento obrero.
Finalmente este año, con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia se designó al dirigente social Emilio Pérsico como titular de la Secretaría de Economía social, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. La Secretaría tendrá como objetivo atender las demandas de los trabajadores de la economía popular y se presentan múltiples desafíos a tener en cuenta. Por un lado, las necesidades más urgentes orientadas a la institucionalización del sector y al reconocimiento de sus derechos como trabajadores: cobertura de salud y por accidentes, licencias por enfermedad o maternidad, aportes jubilatorios, condiciones de higiene y seguridad, guarderías, vacaciones pagas. Las condiciones actuales de trabajo son muy precarias e incluso algunas actividades están criminalizadas y los trabajadores sufren la persecución policial (cartoneros, vendedores ambulantes, cuidacoches). Y por otro lado, quedan pendientes los retos vinculados al impulso productivo del sector: el objetivo es el salto cualitativo del Salario Social Complementario a la generación de trabajo genuino sustentable, de los subsidios a los créditos para inversión en medios de producción y mejoras técnicas; crear propuestas de negocios pensadas y elaboradas para este sector productivo.
Todos estos desafíos forman parte de un plan integral de reorientar prioridades en la economía y el orden productivo para incluir a los sectores más postergados y excluidos, pensando la estructura social como una teoría del derrame invertida, un derrame de abajo hacia arriba, que crezcan los últimos de la fila para dinamizar la economía y crear un modelo social y productivo que contenga a todos, todas y todes.
El objetivo es el salto cualitativo del Salario Social Complementario a la generación de trabajo genuino sustentable, de los subsidios a los créditos para inversión en medios de producción y mejoras técnicas; crear propuestas de negocios pensadas y elaboradas para este sector productivo.
* Inés Lovisolo es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de San Andrés. Pedro Masó es militante del Movimiento Evita – CTEP.
