En la célebre escena del balcón de Romeo y Julieta, una Julieta seductora lanzaba sus suspiros al viento nocturno pidiendo que Romeo renunciase a su apellido. Sólo el peso de una forma de nominar un linaje parecía conspirar contra su amor sin estrenar. “¿Qué es Montesco? No es un pie, ni una mano, no es un rostro, ni un brazo, no es ninguna parte del hombre (…) Porque, ¿qué puede haber dentro de un nombre? Si otro título damos a la rosa, con otro nombre nos dará su aroma.”
En ese célebre pasaje, Shakespeare nos tentaba a considerar, al menos por unas páginas, que el “nombre” de algo puede resultar una cuestión accesoria al ser. Como si el proceso de nominar y poner orden a la realidad fuera independiente de las formas de asir, comprender y decodificar, estemos ante realidades materiales o simbólicas. Ni el propio Shakespeare creía eso en el fondo, y podemos pensar que el desenlace de la obra nos respalda en la afirmación. El “nombre” gravita, marca, porta historias, acusa intenciones y latencias. Puede no serlo todo, pero importa.
En septiembre de 2018, el gobierno de Cambiemos decidió que el área de Trabajo dejara de ser ministerio para volver a ser una secretaría, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo encabezado por Dante Sica, quien hasta entonces había sido Ministro de Producción. Desde la creación del Ministerio de Trabajo y Previsión en 1949, sólo el gobierno de Onganía había ensayado una medida similar para el área de Trabajo. Por esas semanas de 2018, las intensas protestas de varios sectores ante la pérdida del status ministerial de ésta y otras esferas de intervención estatal, se combinaron con otras lecturas que sostenían que la medida no iba a tener incidencia directa ni en la capacidad de acción de los devenidos secretarios ni en la plantilla de empleados ni en la asignación de recursos. En otras palabras, que mientras las funciones se mantuvieran, la denominación y la jerarquía formal eran lo de menos. En la prensa resonaba que incluso el entorno del ya-no-ministro Jorge Triaca estaba incómodo con la medida.
Desde la creación del Ministerio de Trabajo y Previsión en 1949, sólo el gobierno de Onganía había ensayado reducir a Secretaría esa área del gobierno.
El largo proceso de construcción estatal que resultó en la jerarquización del área laboral en el Estado argentino en la primera mitad del siglo XX, tal vez ayude a comprender las luchas, conflictos y negociaciones que signan el derrotero de las reparticiones estatales. Las tomas de posición del Estado siempre deben ser consideradas a la luz de los intereses y de la capacidad de presión de grupos sociales “externos” a él pero, simultáneamente, el propio Estado se vuelve una arena de conflicto, conforme se da la incorporación de nuevas áreas de intervención social en su estructura institucional. Es justamente porque el Estado es abstracción y materialidad al mismo tiempo que puede (y debe) ser un principio activo de la dinámica social. Así, las jerarquías, organismos y funciones que articula dicen mucho respecto de la lectura de los elencos gobernantes sobre la estructura y la coyuntura, los intereses en juego y las disputas consideradas prioritarias.
Hasta tanto el trabajo no fue considerado un problema con sus especificidades, no hubo agencias estatales especializadas en el país. En el siglo XIX, las preocupaciones sobre el tema estuvieron ligadas a la conformación de un mercado de trabajo libre y abundante y por lo tanto, en estrecha relación con la política inmigratoria. No fue hasta comienzos de la siguiente centuria que la ingente conflictividad social, a caballo de las primeras huelgas generales, coadyuvó a que una fracción de los cuadros dirigentes recogiera el sayo y apoyara la creación de un Departamento Nacional de Trabajo (DNT). El papel del Poder Ejecutivo fue central en su impulso. En medio de la discusión sobre el presupuesto en la Cámara Baja en enero de 1907, se propuso autorizar una partida para crear la repartición. Pese a que varios miembros del Legislativo, sobre todo en la Cámara de Senadores, se resistieron a aprobarlo sin mediar la puesta en consideración de una ley que fijara sus funciones, semanas más tarde se autorizaba la partida gracias a la persistencia de la cámara iniciadora y en marzo, el Ejecutivo dictaba el decreto de creación. Esto tuvo distintas interpretaciones: algunos vieron una estrategia de este poder de gobierno para introducir una agencia novedosa que podría haber sido resistida desde el Legislativo; otros consideraron que hubo cierta improvisación en el tema, si bien lo inscribieron dentro de una tradición de previsión y reformismo de una parte de la elite que tomaba las decisiones en el país. Lo cierto es que su incorporación en la órbita del Ministerio del Interior daba indicios de que la mentada “cuestión obrera” era predominantemente considerada como un asunto de custodia del orden social y que requería de la intervención de la Policía, también bajo el control de Interior. Dime de qué ministerio dependes y te diré qué puedes ser. Además, el DNT sólo tenía jurisdicción en Capital Federal y en los territorios nacionales, si bien andando el tiempo logró coordinar algunas iniciativas con sus análogos provinciales.
Hasta tanto el trabajo no fue considerado un problema con sus especificidades, no hubo agencias estatales especializadas en el país. En el siglo XIX, las preocupaciones sobre el tema estuvieron ligadas a la conformación de un mercado de trabajo libre y abundante y por lo tanto, en estrecha relación con la política inmigratoria.
El DNT fue inicialmente concebido como un espacio técnico de recopilación, procesamiento y publicación de datos sobre el trabajo en la Argentina, capaz de generar propuestas legislativas y administrativas para mejorar las condiciones laborales. Esta marca registrada de su perfil acompañó sus casi cuatro décadas de actuación, y si bien se le otorgó más tarde la capacidad de inspeccionar establecimientos y de mediar en conflictos bajo la premisa de la aceptación de las partes involucradas, a fines de los años treinta todavía era una oficina con menos de medio centenar de empleados.
Aunque muchos de sus funcionarios hubieran sido mentes brillantes y comprometidas con los problemas del mundo del trabajo, se imponía una decisión en torno al rol del Estado en estos asuntos. ¿Bastaba una dependencia que construía valiosos conocimientos sobre lo social y cuyo poder de mediación encontraba fuertes límites tanto en los recursos materiales y humanos disponibles como en la buena o mala disposición del trabajo y el capital? ¿O hacía falta envestirla de facultades y poderes contundentes que asignaran un peso específico al Estado en ese terreno?
Que lo segundo iba pareciendo más conveniente fue quedando en evidencia conforme la estructura social y económica del país se complejizaba. De hecho, ya desde 1916 y comprometiendo a varios flancos del arco político, se venían presentando proyectos de ley para redefinir el status del área laboral en la organización del Estado. De fondo, lo que estaba en juego era la necesidad de repensar la estructura del Poder Ejecutivo, cuya organización ministerial había sido rígidamente fijada en el marco de la Constitución Nacional en el siglo XIX. El Estado argentino tenía nuevos problemas y no podía seguir conservando las mismas formas. Sin embargo, el Poder Legislativo no logró allanar el camino a este intríngulis, que no hizo más que agravarse en la Argentina de entreguerras.
La Secretaria de Trabajo y Previsión
El gobierno militar de 1943 fue, finalmente, el que encaró un proceso de reorganización estatal profundo. A Congreso cerrado y con los partidos políticos en stand by, los militares en el poder llevaron al límite algunas de las trabas legales que pesaban sobre la forma y estructura del Ejecutivo y metieron mano en su diseño, creando diversas secretarías dependientes de Presidencia. Envuelta en las internas de las Fuerzas Armadas y catapultada por la habilidad y voluntad política del Coronel Juan Domingo Perón y de algunos de sus hombres más cercanos, en noviembre del 43 fue el turno de la jerarquización del DNT. Por decreto 15.074 el DNT se volvía plataforma y trampolín de la nueva Secretaría de Trabajo y Previsión (en adelante, STyP). Aquí la historia se vuelve más conocida, pero como tenemos el “diario del lunes”, muchas veces se cuenta a través de un relato que desplaza el “nombre” de la agencia estatal por otro nombre propio central en nuestra historia: el de Perón. De modo tal que la historia de la STyP pasa a confundirse e imbricarse con los orígenes de un peronismo que aún no se sabía a sí mismo.[vc_single_image image=»3881″ img_size=»large»]
Envuelta en las internas de las Fuerzas Armadas y catapultada por la habilidad y voluntad política del Coronel Juan Domingo Perón y de algunos de sus hombres más cercanos, en noviembre del 43 fue el turno de la jerarquización del DNT. Por decreto 15.074 el DNT se volvía plataforma y trampolín de la nueva Secretaría de Trabajo y Previsión (en adelante, STyP).
Pero urge decirlo: la construcción de un espacio estatal excede las acciones individuales. La posibilidad de creación del área de Trabajo y Previsión se valió de tensiones y de intercambios previos entre diversos sectores sociales y de los roles que fueron jugando los poderes del Estado frente a ellos, a su vez retroalimentados por debates académicos y especializados y por una agenda del trabajo que, sobre todo desde la Primera Guerra Mundial, se había tornado internacional gracias a factores como la aparición de la Organización Internacional del Trabajo. También le debió mucho al accionar de varios grupos claves en su etapa fundacional, entre quienes se contaban figuras que venían del ámbito castrense, del derecho del trabajo, de la actividad sindical y del funcionariado estatal.
Y al menos en el origen, podemos ir un paso más allá y pensar que la STyP, más que el propio Perón, fue la que sacudió el avispero de la época. Justamente porque en ese nuevo status y denominación se encabalgaban varios planos de transformaciones. En primer lugar, la concentración y reorganización de funciones vinculadas a las problemáticas laborales y sociales, dispersas hasta entonces en múltiples dependencias estatales. Esto abrió un proceso de discusión y de ajustes sucesivos de la organización interna de la STyP, sostenido en la expansión de los recursos y del personal. Luego, permitió la nacionalización de la intervención estatal en el mundo del trabajo al transformar a todos los departamentos provinciales laborales en delegaciones regionales de la STyP. En tercera instancia, y no menos importante, el decreto 21.877/44 fue clave en tanto instaló penalidades para quienes no reconocieran u obstruyeran las decisiones de la repartición, algo que había mancado en el viejo DNT, poniendo serios topes a sus facultades.
Años más tarde, con el peronismo consolidado en el gobierno, Trabajo y Previsión daría un paso más y alcanzaría el status ministerial de la mano de una reestructuración global del Poder Ejecutivo Nacional, hecha posible tras la reforma constitucional de 1949. Al momento de discutir el punto en el recinto, ni la oposición ponía ya en duda la necesidad de que Trabajo fuera ministerio.
Este cúmulo de cambios acarreó conflictos tanto fuera como dentro del ámbito estatal. La aparición de la STyP no sólo alteraba las relaciones entre las patronales y los trabajadores sino entre los niveles de gobierno y los poderes del Estado. Sin ir más lejos, en la víspera de las elecciones de 1946, el Poder Judicial declaró la inconstitucionalidad de las delegaciones regionales en tanto –simplificando- podían resultar atentatorias de las autonomías provinciales al transformar instituciones preexistentes en apéndices del poder central. Además, la institución había sido creada por decreto y actuaba por decreto. Revestirla de una legalidad más sólida fue una de las urgencias del primer gobierno de Perón y así el Congreso –no sin un áspero debate- refrendó mediante la aprobación de la Ley 12.921/46 tanto la existencia misma de la agencia como de las medidas que había tomado desde su nacimiento.
Años más tarde, con el peronismo consolidado en el gobierno, Trabajo y Previsión daría un paso más y alcanzaría el status ministerial de la mano de una reestructuración global del Poder Ejecutivo Nacional, hecha posible tras la reforma constitucional de 1949. Al momento de discutir el punto en el recinto, ni la oposición ponía ya en duda la necesidad de que Trabajo fuera ministerio. El pedido de un Ministerio de Trabajo era un reclamo fuerte en la agenda del movimiento obrero organizado, que si bien valoraba el papel de la STyP, identificaba claramente que llamarse secretaría o ministerio no era un mero juego de palabras: alcanzar la jerarquía ministerial era una garantía de la perdurabilidad y estabilidad de la agenda laboral en la administración estatal. Esto pareció corroborarse cuando en 1955, el gobierno de facto tomó medidas para modificar la composición del personal de la dependencia e incluso decidió la intervención de la CGT, pero Trabajo permaneció como un área de incumbencia sustantiva del Estado, a la que, además, había que tratar con sumo cuidado en las secuelas del peronismo.
El pedido de un Ministerio de Trabajo era un reclamo fuerte en la agenda del movimiento obrero organizado, que si bien valoraba el papel de la STyP, identificaba claramente que llamarse secretaría o ministerio no era un mero juego de palabras: alcanzar la jerarquía ministerial era una garantía de la perdurabilidad y estabilidad de la agenda laboral en la administración estatal.
El área de Trabajo y Previsión fue central en la construcción de los orígenes del peronismo pero también ofreció un mito de origen al cual volver recurrentemente, que a menudo queda desplazado por la centralidad de la épica del 17 de octubre. Durante el período 1943-1955, se la llamó “la casa de los trabajadores” y fue evocada recurrentemente como la cuna de todas las realizaciones de esos años, con sus luces y sus sombras. Así las cosas, difícil pensar que al flamante gobierno de Alberto Fernández se le ocurriera dejar a Trabajo como secretaría. Una de las primeras medidas fue, entonces, devolverle el rango ministerial por decreto 7/2019. Qué ecos resonarán ahora tras el “nombre”, todavía está por verse. Por ahora, asistimos a las pujas por el armado de los equipos que acompañarán a Claudio Moroni y nos preguntamos si Montescos y Capuletos pondrán las barbas en remojo, al menos por un tiempo.
*Doctora en Historia, docente e investigadora del CEHHA-IDAES/UNSAM, docente de la UMET
