Una parte importante de la literatura sobre relaciones laborales, predijo el declive de los modelos de negociación colectiva centralizada y una convergencia hacia esquemas más descentralizados, donde predominarían los acuerdos a nivel de empresa y/o establecimiento. Otros autores cuestionan la idea de un avance hacia modelos más fragmentados de negociación colectiva, ya que observan una estabilidad de las instituciones laborales, pese a las presiones de los capitales, nacionales y trasnacionales, y de la orientación de libre mercado de los gobiernos.
Kathleen Thelen aporta que “muchos de los cambios importantes en marcha en los países industrializados no han tomado la forma de un ataque frontal directo sobre las prácticas o instituciones existentes, sino que han trascendido a través de procesos más sutiles que se desarrollan bajo la apariencia de estabilidad institucional formal”.
Una de las trayectorias que se avizora apunta hacia una dualización del sistema de las relaciones laborales, donde las instituciones laborales no sufren modificaciones sustantivas, pero se fragmenta el mercado de trabajo sobre el cuál operan. En este marco, la dualización implica el crecimiento de un colectivo de trabajadores que quedan excluidos de los beneficios aportados por las instituciones laborales y que aportan su fuerza de trabajo en condiciones de fragilidad laboral. Este es el escenario que surge bajo la órbita de la nueva administración que llegó al gobierno argentino en diciembre de 2015.
Con el advenimiento del gobierno de Macri, se implementaron una serie de políticas económicas que están dejando como secuela una pérdida de capacidad de regulación del Estado en aspectos claves para avanzar hacia una sociedad más integrada y con menores grados de desigualdad. En primer lugar, liberó el precio del tipo de cambio, dejó que los precios de los bienes básicos estén determinados por el mercado, dolarizó las tarifas de ciertos precios claves para la estructura de costos de la producción (por ejemplo, combustible), el Banco Central utilizó el criterio de metas de inflación, ajustando la tasa de interés para el logro de sus cometidos, liberó el flujo de entrada y salida de capitales, promovió el ingreso de capitales especulativos que desestabilizan la economía.
La dualización implica el crecimiento de un colectivo de trabajadores que quedan excluidos de los beneficios aportados por las instituciones laborales. Este es el escenario que surge bajo la órbita de la nueva administración que llegó al gobierno argentino en diciembre de 2015
En segundo lugar, frente a los síntomas de agotamiento del esquema económico, y dada la imposibilidad de continuar acudiendo a las fuentes de financiamiento externo privado, el gobierno terminó apelando al Fondo Monetario Internacional (FMI), como única alternativa de estabilización en un contexto de volatilidad cambiaria. En esta nueva etapa, que se inaugura a mediados de 2018, las premisas seguidas por el gobierno y dictadas por el FMI, se orientaron a producir un fuerte ajuste del gasto público primario, mientras sigue creciendo la deuda financiera, y la política monetaria convalida la recesión a través de una regla de cero crecimiento de la base monetaria y la prohibición de financiar al Tesoro a través del Banco Central. Al mismo tiempo, está latente el permanente impulso del gobierno, por iniciativa propia o por demanda del FMI, que pretende avanzar hacia una reforma laboral a través de la vía legislativa, hasta ahora impedida por los legisladores de extracción sindical y por los partidos del peronismo.
En este contexto, intentaremos responder las siguientes incógnitas: a) Qué dinámica siguió la negociación colectiva desde el inicio de la gestión del presidente Macri?; b) ¿Estamos avanzando hacia un esquema de dualización del sistema de relaciones laborales?; es decir, ¿se observan trayectorias asimétricas en el mercado de trabajo, con una expansión del segmento informal?; c) Estas trayectorias del mercado de trabajo, ¿cómo afectan el funcionamiento de la negociación colectiva?, d) La institución laboral de la negociación colectiva ¿enfrenta transformaciones que alteran su funcionamiento?, ¿sigue manteniendo una constancia que cristaliza la estructura en cuanto a actores habilitados para negociar, el papel o la intervención en los procesos de negociación, entre otros aspectos relevantes?
¿Tensiones o continuidad?
Los rasgos centrales del modelo de negociación colectiva se mantienen inalterados desde mediados del siglo pasado, aunque estuvieron sujetos a intentos de modificación por iniciativas de gobiernos con orientación de libre mercado. En la nueva gestión de gobierno de la Alianza Cambiemos se intentó avanzar con distintos proyectos de reforma laboral, pero que apuntaban fundamentalmente a cambiar las regulaciones sobre el derecho individual del trabajo, no haciendo propuestas con respecto al modelo sindical y de negociación colectiva. Este modelo conserva tres pilares centrales que moldean y dan forma a la estructura de la negociación colectiva: el monopolio de representación que recae sobre el sindicato mayoritario de la rama de actividad; la extensión de los contenidos pactados al conjunto de los trabajadores de la actividad; la ultractividad de los convenios, que implica que las cláusulas pactadas continúan estando vigentes aún después de concluido el plazo estipulado por las partes.
El modelo de negociación colectiva argentino configura un sistema centralizado en grandes unidades de negociación por rama de actividad. Este esquema asegura una amplia cobertura sobre el universo del empleo asalariado registrado del sector privado. En cambio, sobre el segmento del empleo asalariado no registrado la operatividad de la negociación colectiva es parcial. Aún quedan excluidos importantes colectivos de trabajadores que requieren nuevas formas de representación, por lo menos, hasta que mejoren las condiciones de trabajo y de contratación de la población.
En síntesis, los tres pilares del modelo de negociación colectiva conservaron su efectividad durante el período, ya que no estuvieron sometidos a tensiones, pero cuando se observan los resultados del ejercicio, como se analizará más adelante, se puede apreciar que llega a situaciones distintas de las que prevalecieron durante el anterior gobierno.
La operatividad de la negociación colectiva es parcial porque, derivado de la heterogeneidad del mercado de trabajo, aún quedan excluidos importantes colectivos de trabajadores que requieren nuevas formas de representación, por lo menos, hasta que mejoren las condiciones de trabajo y de contratación de la población.
Deterioro del mercado de trabajo
El mercado de trabajo exhibe un comportamiento de permanente deterioro desde que asumió la administración del gobierno macrista hacia fines de 2015.
En primer lugar, el principal indicador a través del cual se aprecian las problemáticas que emergen o se profundizan de la etapa anterior sobre el mercado de trabajo, es el aumento de varios puntos porcentuales en la tasa de desempleo. Durante el tercer trimestre de 2015, la tasa de desempleo alcanzaba a afectar a un 5,9% de la población económicamente activa. En la última medición, del cuarto trimestre de 2018, ya se encontraba en un 9,1%, habiendo alcanzado una proporción de 9,6% en el segundo trimestre del mismo año.
Desde 2015, el aumento de la tasa de desempleo obedece principalmente al aumento de la tasa de actividad, más personas se vuelcan al mercado de trabajo, probablemente para compensar caída en los ingresos del hogar, que ante una tasa de empleo que permanece relativamente constante, se manifiesta en la imposibilidad de acceder a un empleo de los nuevos ingresantes. En el último año, el aumento de la tasa de desempleo (saltó del 7.2% en el cuarto trimestre de 2017 al 9.2% en el cuarto trimestre de 2018) encuentra su origen en una participación laboral (tasa de actividad) que se mantiene constante en conjunto con una reducción de la tasa de empleo (de 43% a 42,2%, respectivamente).
Desde 2015, el aumento de la tasa de desempleo obedece principalmente al aumento de la tasa de actividad, más personas se vuelcan al mercado de trabajo, probablemente para compensar caída en los ingresos del hogar.
En aglomerados con una base productiva industrial considerable, se comienza a sentir con fuerza el impacto de las políticas económicas del gobierno, y la tasa de desempleo para el cuarto trimestre de 2018, ya exhibía niveles de dos dígitos como en la década del 90. Los partidos del Gran Buenos Aires, Gran Rosario, San Nicolás y Villa Constitución son algunos ejemplos de aglomerados con una tasa de desempleo superior al 10%.
Independientemente de los factores que originaron este incremento, el aumento de la fuerza de trabajo excedente arroja más presión sobre el mercado de trabajo y condiciona a las organizaciones sindicales a la hora de negociar condiciones laborales e incrementos salariales.
En segundo lugar, se comienza a registrar una reducción de la tasa de asalarización de la población ocupada frente al crecimiento de otras figuras laborales que no están reguladas con un contrato bajo relación de dependencia. A mediados del 2015, el 77% de los ocupados desempeñaban sus tareas en relación de dependencia, mientras que en el cuarto trimestre de 2018 dicha proporción disminuía 3 puntos porcentuales, para alcanzar un porcentaje del 74%. El principal factor que explica esta evolución se encuentra en el avance y la expansión del empleo por cuenta propia, que reduce la incidencia del empleo asalariado en la ocupación total.
Las nuevas plataformas tecnológicas (Rappi, Glovo, Pedidos Ya, Uber, entre otras), dado que requieren pocos niveles de conocimientos y calificación para el desempeño de las tareas, brindan una oportunidad de empleo con facilidad de entrada, en los últimos años han generado una parte importante de los puestos de trabajo creados por la economía. Los empleadores y propietarios de las plataformas no reconocen, generalmente, la relación laboral y requieren la inscripción de los trabajadores ante el organismo tributario bajo la figura del “monotributo”, excluyendo así a estos trabajadores de la regulación laboral y de la aplicación de los convenios colectivos.
Comienza a registrarse una reducción de la tasa de asalarización de la población ocupada frente al crecimiento de otras figuras laborales que no están reguladas con un contrato bajo relación de dependencia.
En tercer lugar, en el segmento del empleo asalariado del mercado de trabajo comienza a ganar peso el empleo sin registración laboral, cuya incidencia asciende desde el 33% del segundo trimestre del 2015 a más del 35% en el cuarto trimestre de 2018. Este tipo de empleo presenta ciertas particularidades. Además, de no contar con protección frente al despido arbitrario y quedar excluido de los beneficios de la seguridad social (jubilación, obra social, etc.), también es muy probable que las condiciones laborales no queden reguladas por las cláusulas del convenio colectivo.
El empleo asalariado no registrado, que se concentra en los establecimientos de menor tamaño relativo o trabaja en hogares (lugares donde la figura del representante sindical tiene menor presencia), exhibe una tasa de rotación muy elevada, con una antigüedad en el empleo de corta duración, y percibe salarios inferiores a los que cobran ocupados con las mismas características pero que trabajan en condiciones de formalidad.
En cuarto, y último lugar, se advierte un retroceso del nivel del empleo asalariado registrado en el ámbito del sector privado. Entre el cuarto trimestre de 2015 y el mismo trimestre de 2018, se reduce la cantidad de puestos de trabajo asalariados registrados en una proporción del 1%, pasando de 6,60 millones a 6,54 millones entre ambos períodos. La evolución del empleo asalariado registrado no siguió una trayectoria lineal, acompañó a los ciclos económicos, con caídas de las dotaciones en 2016 y 2018 y una recuperación en 2017. El saldo neto en toda la gestión cambiemos resultó negativa en términos de generación de empleo asalariado. Esta categoría ocupacional constituye la base de representación de las organizaciones gremiales y su descenso en términos absolutos significa una pérdida de densidad sindical en los procesos de negociación colectiva.
Convenios y acuerdos negociados
En los noventa, en un contexto de alto desempleo, suba de la precariedad laboral, tipo de cambio fijo y estabilidad de precios, los sindicatos prefirieron resguardar los contenidos de los convenios pactados en otros momentos de mayor capacidad de negociación, la cantidad de convenios y acuerdos pactados había alcanzado un número de 200 unidades anuales. La frecuencia de los convenios y acuerdos colectivos homologados mostró una trayectoria ascendente durante las distintas etapas de los gobiernos kirchneristas. Desde los 200 convenios y acuerdos anuales pactados durante los noventa, en el marco de una política de ingresos que alentaba el aumento del peso de la masa salarial en el ingreso nacional, fue creciendo la cantidad de negociaciones hasta alcanzar las 2.000 unidades en 2010. Este número se mantuvo relativamente constante hasta el inicio del gobierno del presidente Macri.
En 2016 se redujo la frecuencia de homologaciones de convenios y acuerdos colectivos, al pasar de 1957 que se habían registrado en 2015 a 1730 en 2016, es decir, una reducción del 12%. Esta caída de la frecuencia de negociación se verificó tanto entre los convenios y acuerdos de actividad como en los de empresa (-10% y -12%, respectivamente).
En el año 2017, se profundiza la reducción de la frecuencia de negociación, hasta alcanzar niveles muy bajos, similares a los que había alcanzado la economía en 2007 y de una magnitud que representa la mitad de los convenios y acuerdos pactados durante 2010 o 2015. Este comportamiento se siguió profundizando durante los dos primeros trimestres de 2018, donde se encontraron niveles tan bajos de negociación que para encontrar una situación similar deberíamos retrotraernos hasta la década del 90. En efecto, durante el primer trimestre de 2018 sólo se habían homologado 38 convenios y acuerdos colectivos. En los dos últimos trimestres del año (con cifras provisorias), se recupera el ritmo de la negociación colectiva (poco menos de 1400 convenios y acuerdos homologados en el segundo semestre), pero, aun así, el año estaría cerrando con niveles inferiores a los registrados en los últimos años del segundo mandato de Cristina Kirchner.
Durante los dos primeros trimestres de 2018 se encontraron niveles tan bajos de negociación que para encontrar una situación similar deberíamos retrotraernos hasta la década del 90.
¿Qué factor o factores estarían explicando el descenso de los niveles de negociación colectiva durante la gestión de gobierno macrista?
En un contexto donde la inflación se ubicó en niveles más altos que la que heredó del gobierno anterior, la administración Cambiemos identificó a la emisión monetaria que financia el déficit fiscal como la causa central que la origina. A su vez, se piensa que los aumentos salariales, al aumentar los ingresos de los trabajadores, tienden a convalidar los nuevos precios, y que de esta manera contribuyen a mantener un régimen de alta inflación. En este sentido, en una economía como la Argentina donde el salario de la gran mayoría de la población ocupada se determina por intermedio de instituciones colectivas, el gobierno quiso intervenir en el proceso de negociación presionando a las organizaciones sindicales para que adopten las demandas salariales afines a su previsión de inflación. Cuando el gobierno no lograba su objetivo apelaba a restringir la homologación de los acuerdos salariales. Este proceso se sintió con mucha intensidad en 2017 y en la primera parte de 2018, cuando se desploma la homologación de convenios y acuerdos colectivos de salarios.
La convalidación del ajuste de los salarios reales
La discusión de salarios continuó siendo el tema pactado con mayor frecuencia en la negociación colectiva en esta nueva etapa, como lo fue también a lo largo de los 12 años de la administración kirchnerista.
La diferencia radica en que durante el gobierno anterior la negociación colectiva fue el instrumento con el que contaban los sindicatos para conseguir aumentos de salario real y una mayor participación de la masa salarial en el ingreso nacional. En cambio, durante la gestión del actual gobierno, dejó de ser un instrumento para conseguir mejoras de la capacidad de compra de los salarios y de la calidad de vida de los trabajadores.
El primer año de la gestión, el gobierno liberó el tipo de cambio y el Banco Central adoptó un esquema de metas de inflación. Como consecuencia de ello los precios se dispararon y alcanzaron una suba de 41% en 2016, mientras los salarios en las paritarias se ajustaron en función de la meta de inflación que había previsto el Banco Central (25%). El desfasaje entre la evolución de los precios y de los salarios, impulsó una reapertura de la negociación colectiva, situación que no implicó una mejora del salario real en el año calendario, que a su vez concluyó con una caída de 6%.
En 2017, el salario real recuperó parcialmente la caída que había sufrido durante el año anterior, como consecuencia de la combinación de una inflación de menor magnitud (fue de 25% en el año) y de los incrementos pactados por sindicatos y empresarios en los acuerdos colectivos. En efecto, el salario real efectivo del sector privado durante 2017 registró un incremento de 2%, pero quedó 4 puntos porcentuales por debajo del nivel previo que tenía cuando asumió el gobierno.
En 2018, nuevamente la capacidad de compra del salario sufrió una reducción de 5 puntos porcentuales en relación con el nivel del año anterior. En esta oportunidad, la previsión de inflación del gobierno era de 15% al principio del año y terminó siendo de casi 48%, una diferencia de más de 30 puntos, producto de la incapacidad para administrar el tipo de cambio, la dolarización de algunos insumos básicos y los aumentos dispuestos sobre los precios regulados. Frente a este panorama, y cuando ya se preveía que la inflación superaría las previsiones oficiales, el gobierno continuó insistiendo que las paritarias debían cerrar en porcentajes cercanos a la pauta del Banco Central (15%). Es en esta etapa cuando se produce una caída muy significativa de las homologaciones de los convenios y acuerdos colectivos, sugiriendo que las organizaciones sindicales que conseguían aumentos mayores a la previsión de inflación del gobierno, quedaban sujetas a la discrecionalidad de la autoridad administrativa para definir si se homologaba o no el acuerdo logrado.
Desde junio de 2018, el salario real comenzó a caer con fuerza en términos interanuales, y en este escenario, para atenuar el impacto, el gobierno habilitó un aumento “voluntario” adicional del 5% (en dos etapas del 2,5% en julio y agosto) pero sólo para aquellos actores que se atuvieron a negociar un incremento que estuviera alineado con la proyección del 15% de inflación oficial. Como este aumento también resultó insuficiente para recuperar el salario real, el gobierno hacia fin de año dispuso el pago, nuevamente “voluntario”, de una gratificación extraordinaria de $5000, a pagar en dos oportunidades (noviembre y enero 2019).
Los gremios reabrieron en varias oportunidades sus paritarias salariales, y el gobierno sugirió otros aumentos parciales. Aun así, el salario real cayó 5% en 2018, con reducciones interanuales mayores al 10% en el último trimestre del año.
Los incrementos pactados por los gremios, en la gran mayoría de los casos, no lograron alcanzar, y quedaron bastante alejados, de la inflación del período paritario. La única excepción la constituyó el gremio de bancarios que ajustó sus salarios en función de la evolución de la inflación y consiguió en el período paritario (coincide con el año calendario) un aumento de casi un 48%.
En resumen, desde la asunción del gobierno de la gestión Cambiemos, el salario promedio del conjunto de los asalariados registrados del sector privado, registró una profunda caída, del orden del 9% en términos reales. La negociación colectiva, conserva los rasgos de una negociación centralizada con una cobertura superior al 90% de la población asalariada registrada del sector privado, y que sigue constituyendo la principal forma de regulación salarial, no tuvo la capacidad de administrar las nuevas tensiones y evitar el profundo ajuste sobre el salario real.
En 2018, los incrementos pactados por los gremios, en la gran mayoría de los casos, no lograron alcanzar y quedaron bastante alejados de la inflación del período paritario. La única excepción la constituyó el gremio de bancarios que ajustó sus salarios en función de la evolución de la inflación y consiguió en el período (coincide con el año calendario) un aumento de casi un 48%.
*Economista, docente (UNLAM), ex Director de Estudios de Relaciones del Trabajo en MTESS
